Preservar la experiencia monetaria en la era de la inteligencia artificial
La estabilidad económica de un país no depende exclusivamente de sus indicadores, de las reservas internacionales o de las decisiones que se adoptan en un momento determinado. También descansa en la experiencia acumulada por quienes han tenido la responsabilidad de conducir sus instituciones, interpretar las señales de la economía y responder a situaciones de incertidumbre. En la República Dominicana, la prolongada trayectoria de Héctor Valdez Albizu al frente del Banco Central constituye una referencia para debatir cómo conservar ese conocimiento y ponerlo al servicio de las generaciones futuras.
Las crisis internacionales, los cambios en los mercados financieros, las variaciones de los precios del petróleo y los episodios de presión inflacionaria han demostrado que la política monetaria exige algo más que observar cifras. Requiere interpretar información, ponderar riesgos, comprender las expectativas de los agentes económicos y evaluar las consecuencias de cada decisión. Parte de esa capacidad se construye durante años de trabajo y no siempre queda recogida por completo en informes, estadísticas o documentos institucionales.
Ante ese desafío, merece consideración una propuesta innovadora: desarrollar un gemelo digital institucional basado en inteligencia artificial que ayude a organizar y consultar el conocimiento económico acumulado durante décadas. La idea no consistiría en crear una copia personal con autoridad propia, sino una herramienta de análisis capaz de procesar información histórica, documentos públicos, discursos, estudios y otros materiales autorizados para apoyar la investigación y la formación de equipos técnicos.
Un gemelo digital es una representación computacional de un sistema, proceso o entidad que se alimenta de datos y modelos para analizar comportamientos y explorar escenarios. Aplicado al ámbito monetario, podría reunir series históricas de inflación, tasas de interés, reservas internacionales, liquidez y tipo de cambio, junto con las explicaciones y evaluaciones que acompañaron decisiones anteriores. La utilidad del sistema dependería de la calidad de los datos, de la transparencia de sus métodos y de la posibilidad de comprobar las respuestas que ofrece.
En el caso de una figura con la experiencia de Valdez Albizu, un proyecto de esta naturaleza podría contribuir a preservar memoria institucional. Las futuras generaciones de economistas y funcionarios tendrían una herramienta de consulta para examinar cómo se analizaron determinadas coyunturas, qué riesgos se consideraron y cuáles fueron los resultados observados. De ese modo, la experiencia dejaría de estar dispersa en documentos y archivos para convertirse en una base organizada de aprendizaje.
Otro aporte potencial sería la simulación de escenarios. Los equipos técnicos podrían explorar, por ejemplo, cómo distintos cambios en los precios internacionales, una alteración de los flujos de capital o un choque externo podrían afectar las variables monetarias. El modelo permitiría comparar escenarios y estudiar precedentes históricos, siempre dejando claro que una simulación no es una predicción infalible y que las condiciones de cada crisis son diferentes.
Esta herramienta también podría apoyar la formación y el relevo generacional. En instituciones donde la credibilidad y la continuidad técnica son fundamentales, contar con una memoria analítica accesible ayudaría a que nuevos equipos conozcan los antecedentes de las decisiones y las razones que las sustentaron. Sin embargo, la continuidad institucional no debe confundirse con la repetición automática de políticas anteriores: cada coyuntura requiere evaluar sus propios datos, circunstancias y objetivos.
Es importante establecer una diferencia esencial entre preservar el conocimiento de un funcionario y reproducir su criterio como si pudiera convertirse en una fórmula exacta. Las decisiones de política monetaria involucran incertidumbre, evaluación de consecuencias sociales, coordinación institucional y responsabilidad pública. La inteligencia artificial puede identificar patrones y organizar antecedentes, pero no sustituye el juicio profesional ni debe asumir la autoridad que corresponde a los órganos competentes del Banco Central.
Por esa razón, cualquier iniciativa tendría que diseñarse con reglas estrictas de gobernanza. Sería necesario determinar qué información puede utilizarse, proteger los datos confidenciales, documentar las fuentes, evaluar sesgos y someter el sistema a auditorías independientes. Las respuestas deberían distinguir los hechos documentados de las estimaciones generadas por el modelo, incluir referencias verificables y advertir cuando la información disponible no permita una conclusión confiable.
También habría que evitar que el nombre de una persona se convierta en una garantía automática de exactitud. Un modelo entrenado con sus escritos y declaraciones no sería la persona ni necesariamente reproduciría su razonamiento real. Por ello, el proyecto debería presentarse como una herramienta experimental de consulta y análisis, con límites conocidos y supervisión humana, no como un sustituto del gobernador ni como una voz oficial atribuible a él.
La autonomía del Banco Central y la responsabilidad de sus autoridades deben permanecer fuera de cualquier automatización. Un sistema de inteligencia artificial podría ofrecer comparaciones, formular preguntas, identificar tendencias y mostrar posibles consecuencias, pero no decidir tasas de interés, disponer medidas monetarias ni comprometer a la institución. La decisión final debe seguir correspondiendo a las autoridades legítimamente facultadas, con base en la evidencia disponible y el mandato institucional.
La República Dominicana podría explorar esta posibilidad mediante un estudio de viabilidad, una fase piloto y la participación de especialistas en economía, estadística, tecnología, seguridad de la información y ética. Una primera etapa podría limitarse a documentos públicos y datos históricos, con objetivos medibles: mejorar la búsqueda de antecedentes, facilitar la capacitación y comprobar la calidad de las respuestas. Solo después de una evaluación rigurosa tendría sentido considerar aplicaciones más amplias.
El debate, por tanto, no debe centrarse únicamente en la novedad tecnológica, sino en cómo aprovechar la innovación para fortalecer las instituciones. La experiencia acumulada por décadas puede convertirse en un activo colectivo si se documenta, se ordena y se transmite de manera responsable. La inteligencia artificial ofrece instrumentos prometedores para esa tarea, pero su valor dependerá de la calidad del conocimiento que reciba y de la prudencia con que se utilice.
Crear un gemelo digital asociado a la experiencia monetaria de Héctor Valdez Albizu sería una iniciativa ambiciosa que merece análisis, no una solución automática a los retos económicos. Bien concebida, podría contribuir a conservar memoria institucional, preparar nuevos profesionales y enriquecer la evaluación de escenarios. El objetivo final debe ser fortalecer la capacidad del país para aprender de su historia y tomar mejores decisiones, sin delegar en una máquina la responsabilidad humana e institucional de conducir la política monetaria.
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