Muertes en «intercambios» de disparos reaviven debate en RD

Santo Domingo, 13 nov (Prensa Latina) La muerte de cuatro personas, entre ellas un sargento policial, durante un enfrentamiento en Santiago de los Caballeros entre agentes y supuestos delincuentes, volvió a colocar hoy bajo escrutinio los llamados intercambios de disparos en República Dominicana.

El episodio tuvo lugar en la avenida Circunvalación Norte, donde, según la Policía, los uniformados se enfrentaron a tres personas que viajaban en un vehículo SUV todoterreno.

Los fallecidos fueron el sargento Juan Isaac Espinal Jiménez y los ciudadanos señalados por las autoridades como presuntos delincuentes Eduardo Paúl Pérez, Edward de Jesús Pérez y Andrelina Santos Sosa.

La institución informó que uno de los hombres había escapado de un primer enfrentamiento y que posteriormente fue localizado y abatido por una patrulla.

También le atribuyó presuntos vínculos con varios homicidios. Sin embargo, más allá de los antecedentes que las autoridades imputan a los fallecidos, cada muerte ocurrida durante una intervención policial exige esclarecer las circunstancias y determinar si el uso de la fuerza se ajustó a la ley.

La dimensión del fenómeno genera preocupación. Medios de prensa locales reportaron 104 muertos en presuntos intercambios de disparos entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de este año.

Las cifras alimentan un debate que trasciende la actuación de los agentes en cada operativo y alcanza la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad ciudadana sin menoscabar el derecho a la vida.

Organizaciones civiles, juristas y defensores de derechos humanos han reclamado investigaciones independientes, transparencia y controles efectivos sobre el empleo de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad.

El desafío para las autoridades dominicanas consiste en demostrar que la persecución del delito y el mantenimiento del orden público se desarrollan dentro de los límites legales.

La existencia de órdenes de arresto o de antecedentes penales atribuidos a una persona no elimina la obligación de proteger su vida.

En ese contexto, cada nuevo episodio vuelve a plantear una interrogante esencial: ¿cómo garantizar que la lucha contra la delincuencia no termine debilitando las garantías que el propio Estado está llamado a proteger?
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