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POR EDWIN PINEDA CARRASCO
La llamada botella política no es un fenómeno nuevo en República Dominicana. Es una de esas malas costumbres que durante décadas han contaminado la vida pública nacional y que muchos ciudadanos terminan aceptando como si fueran parte normal de la política. El problema es que cuando esa cultura llega hasta la representación de los dominicanos en el exterior, la pregunta ya no puede seguir escondiéndose: ¿para qué sirven los diputados de ultramar si durante cuatro años apenas se siente su presencia?
Los dominicanos residentes en Europa conocemos muy bien esa realidad. Después de las elecciones, muchos representantes desaparecen de las comunidades y vuelven a aparecer cuando se aproxima otro proceso electoral. Entonces regresan las reuniones, las fotografías, los discursos, los abrazos y las promesas. Pero el dominicano que necesita respuestas durante todo el año se pregunta: ¿y dónde estaban nuestros representantes cuando no necesitaban nuestro voto?
Si los diputados de ultramar están trabajando, que lo demuestren. Que publiquen sus proyectos, sus iniciativas, sus intervenciones en el Congreso, sus reuniones con las comunidades y los resultados obtenidos. No estamos pidiendo propaganda. Estamos pidiendo evidencia. Porque un cargo público no se demuestra con fotografías; se demuestra con trabajo, legislación y soluciones.
La representación de los dominicanos en Europa no puede reducirse a aparecer en campaña electoral. Un diputado de ultramar tiene cuatro años de mandato, no cuatro meses de campaña. Su obligación es trabajar permanentemente por la comunidad que lo eligió y responder ante ella. Si existen proyectos importantes, queremos conocerlos. Si han conseguido leyes, que las presenten. Si han solucionado problemas, que expliquen cuáles. Y si no tienen resultados suficientes, también deben tener la responsabilidad de reconocerlo.
Lo más preocupante es que esta cultura no pertenece exclusivamente al exterior. Es una enfermedad política que también encontramos dentro de República Dominicana. La sociedad dominicana lleva demasiado tiempo soportando el clientelismo, el reparto de posiciones y los cargos utilizados como recompensa política. La botella se ha convertido en una especie de maldición que castiga al ciudadano que paga impuestos mientras beneficia al que consigue una posición sin que necesariamente tenga que demostrar resultados.
Por eso este debate no debe interpretarse como una guerra contra los diputados de ultramar. Es una discusión sobre el uso del dinero público y sobre la calidad de nuestra democracia. Cuando el Estado paga un salario, viáticos, dietas, gastos de representación, viajes u otros beneficios, el ciudadano tiene derecho a preguntar qué recibe a cambio.
La nómina de la Cámara de Diputados registra para los legisladores un salario bruto mensual de RD$320,000. Eso equivale a RD$3,840,000 al año y RD$15,360,000 durante cuatro años por diputado, tomando únicamente el salario fijo como referencia. Si se incorporan otras partidas y beneficios que puedan corresponder, el costo puede ser mayor. Por eso hace falta transparencia completa, no números escondidos entre documentos administrativos.
Aquí está la contradicción que irrita a muchos ciudadanos: mientras una parte del pueblo dominicano tiene que levantarse diariamente a trabajar para sobrevivir, existen funcionarios que reciben importantes recursos públicos y, sin embargo, la ciudadanía no dispone de un mecanismo sencillo para medir su productividad. ¿Dónde está el informe anual obligatorio? ¿Dónde está la evaluación pública? ¿Dónde están los resultados?
Esta situación no puede continuar indefinidamente. República Dominicana necesita una ley que termine con el cheque en blanco de los cargos públicos. Los diputados de ultramar deberían estar obligados a rendir cuentas anualmente: cuánto recibieron, cuánto gastaron, en qué viajaron, qué proyectos presentaron, qué leyes impulsaron y qué resultados obtuvieron.
Y si un representante no cumple con las obligaciones establecidas, deben existir consecuencias institucionales. No podemos seguir aceptando que un cargo público sea una recompensa política. Si una posición no cumple la función para la cual fue creada, hay que reformarla. Y si después de una evaluación seria se demuestra que una estructura es innecesaria o ineficiente, hay que tener el valor de eliminarla.
La política dominicana tiene que dejar de proteger la botella y comenzar a proteger al ciudadano. El que trabaja debe tener reconocimiento; el que no cumple debe responder. Así funciona una democracia madura. No podemos seguir justificando la ineficiencia porque “siempre se ha hecho así”.
A los diputados de ultramar por Europa les hago una invitación que también es un desafío: demuestren que esta crítica es equivocada. Presenten públicamente su trabajo. Dígannos cuántos proyectos han sometido, cuáles han logrado aprobar, qué leyes han impulsado y qué soluciones han conseguido para los dominicanos que viven en Europa. No hace falta discutir conmigo. Hablen los documentos y los resultados.
Porque los dominicanos del exterior estamos cansados de ser recordados cuando llega la hora de votar. Somos dominicanos los 365 días del año. Trabajamos, producimos, enviamos remesas, invertimos y sostenemos familias en República Dominicana. No merecemos una representación que solamente se acuerde de nosotros cuando necesita una papeleta.
La botella política es una maldición que debemos comenzar a romper. Y para romperla no basta con cambiar nombres o partidos: hay que cambiar las reglas. Hay que medir el trabajo, publicar los resultados, fiscalizar el dinero público y establecer consecuencias para quien convierta un cargo de representación en un beneficio personal.
República Dominicana necesita menos políticos pendientes de conservar puestos y más servidores públicos preocupados por resolver problemas. Los diputados de ultramar tienen una responsabilidad particular porque representan a dominicanos que viven lejos, pero que nunca han dejado de ser parte de la nación. Si cumplen, que lo demuestren. Si trabajan, que rindan cuentas. Y si una curul se ha convertido simplemente en otra botella política, entonces que el Congreso tenga el coraje de cambiar la ley y que la sociedad tenga el coraje de exigirlo.
La pregunta ya no debe ser quién ganó las elecciones. La pregunta debe ser qué hizo después de ganarlas. Porque ganar una elección otorga una responsabilidad, no un privilegio. Y mientras el dinero salga del bolsillo del pueblo, el pueblo tiene derecho a preguntar, fiscalizar y exigir resultados.
eepinedacarrasco@gmail.com
JPM
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