¿Quién se llena los bolsillos con las deportaciones de EU?

Cada vuelo de deportación que aterriza en el AILA no solo trae dominicanos esposados. Trae también una cadena de negocios que mueve millones de dólares al año. Mientras el debate público se queda en “si deberían o no deportarlos”, pocos preguntan quién gana con cada expulsión.

El gobierno de EE.UU. no encierra a los inmigrantes en instalaciones propias. Contrata a empresas privadas. GEO Group y CoreCivic manejan la mayoría de los centros de detención. Cobran al Estado entre US$120 y US$160 por persona, por día. Un dominicano que pasa 60 días detenido antes de ser deportado le cuesta al contribuyente estadounidense más de US$9,000. Multiplica eso por los miles de dominicanos detenidos cada año.

En 2025, ICE reportó un promedio diario de 38,000 detenidos. Con la política migratoria actual de la administración Trump, ese número subió. Y cada cama llena es un contrato cumplido para estas empresas que cotizan en bolsa.

EL NEGOCIO DE VOLAR 

Las deportaciones no las hace American Airlines. ICE Air subcontrata vuelos chárter a empresas como GlobalX y CSI Aviation. Un solo vuelo de deportación a Santo Domingo puede costar entre US$150,000 y US$250,000, según datos del Congreso. En 2024 hubo más de 40 vuelos de deportación a República Dominicana. Solo en transporte aéreo, hablamos de US$6 a US$10 millones al año.

¿Y quién paga? El contribuyente. ¿Quién cobra? Las aerolíneas chárter y los intermediarios que gestionan la logística.

EL NEGOCIO EN TIERRA DOMINICANA

Cuando el avión aterriza, empieza otra economía. Abogados que prometen “limpiar el récord” por US$3,000. Gestores que ofrecen conseguir el pasaporte rápido por $500. “ONG” que cobran por “reinserción” sin darla. Casas de cambio en los alrededores del aeropuerto con tasas abusivas para el familiar que llega desesperado con dólares.

Hasta el transporte se encarece. Un taxi del AILA a Villa Mella puede costarle a un deportado US$60, el triple de la tarifa normal, porque “viene de allá y no sabe”.

NEGOCIO DEL MIEDO 

Pero el mayor negocio no está en el vuelo ni en la celda. Está en el miedo. Miles de dominicanos en EE.UU. pagan abogados, notarios y “paralegals” cada mes para “arreglar papeles” que muchas veces no tienen arreglo. El temor a la deportación mantiene activa una industria de consultas de US$200, aplicaciones de US$1,500 y apelaciones de US$5,000.

Cuando un barrio ve a tres vecinos deportados, 300 más salen corriendo a buscar abogado. Gane o pierda el caso, el abogado cobra.

¿Y EL ESTADO DOMINICANO?

Oficialmente, República Dominicana recibe a sus nacionales sin costo. En la práctica, cada deportado que llega sin redes de apoyo termina siendo una carga para Salud Pública, para la Policía cuando no consigue trabajo, o para la familia que dejó de recibir remesas. En 2025, las remesas desde EE.UU. cayeron 4.2% en provincias con alto índice de deportaciones, según el Banco Central.

Mientras, ninguna autoridad rinde cuentas sobre los programas de reinserción que se anuncian cada año y nunca aparecen.

LA PREGUNTA INCOMODA 

Si las deportaciones son tan caras para EE.UU. y tan traumáticas para República Dominicana, ¿por qué siguen aumentando? Porque son rentables. No para el Estado, sino para un ecosistema de contratistas, aerolíneas, cárceles privadas, abogados y gestores a ambos lados del charco.

El dominicano deportado es el producto. Y mientras siga habiendo producto, habrá quien cobre por procesarlo, encerrarlo, transportarlo y “ayudarlo” al llegar.

La próxima vez que veas un titular sobre “récord de deportaciones”, pregúntate: ¿récord de sufrimiento o récord de facturación?

*Los datos citados corresponden a reportes públicos de ICE, el Congreso de EE.UU. y el Banco Central de la República Dominicana a junio de 2026.