POR JULIO MARTINEZ
Lo ocurrido recientemente en Santiago, donde una turba de motoconchistas persiguió y mató a golpes y arma blanca al chofer Delvy (o Deivy) Carlos Abreu Quesada tras un simple roce de tránsito, no es un hecho aislado ni un arrebato de ira momentánea; es la señal clara de que la República Dominicana se desliza peligrosamente hacia la justicia por mano propia y la ingobernabilidad.
Según las versiones oficiales, el camión recolector que conducía la víctima fue interceptado, perseguido y el chofer brutalmente agredido hasta morir, en lo que el propio alcalde de Santiago calificó como un asesinato y un linchamiento que exige “todo el peso de la ley”.
Este caso se inscribe en una tendencia que lleva más de una década acumulando muertos bajo la forma de linchamientos y ajusticiamientos en las calles, especialmente en barrios pobres, con poco patrullaje policial, altos niveles de violencia y una justicia lenta e ineficiente.
Investigaciones periodísticas y estadísticas de la Policía Nacional han documentado al menos 167 a 202 linchamientos entre 2008 y mediados de 2018, con más de 130 personas muertas solo entre 2011 y 2017, concentrados en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago.
Estos números no surgen en el vacío: entre 2014 y 2017 los tribunales condenaron a poco más de 8,000 personas por robo frente a casi 95,575 denuncias por ese delito, y en 2017 se registraron más de 58,000 denuncias por robo con apenas 1,701 condenas, alimentando la sensación de que el delincuente rara vez enfrenta consecuencias reales.
En el mismo período se reportaron miles de homicidios, pero una proporción significativa de esos casos se quedó sin sentencia o se dilató en apelaciones, reforzando la percepción ciudadana de que la justicia formal no funciona o no llega a tiempo.
Ese caldo de cultivo —impunidad, lentitud judicial, debilidad del Estado en los barrios y desconfianza hacia la Policía— ha impulsado a muchos ciudadanos a abrazar una idea primitiva de justicia: “si el sistema no responde, respondemos nosotros”.
En múltiples comunidades, desde Villa Mella hasta Boca Chica, la gente denuncia la ausencia del Estado, la escasez de patrullaje, la falta de servicios básicos y, peor aún, el temor a que sectores de la propia Policía estén involucrados en crímenes, lo que empuja a sectores desesperados a justificar linchamientos como “defensa” de la comunidad.
En ese contexto aparece la figura del motoconchista convertido en actor colectivo de presión y de fuerza de choque: un sector numéricamente importante, desorganizado formalmente, pero organizado de facto, utilizado por partidos y candidatos como maquinaria electoral, logística política y, en ocasiones, como brazo intimidatorio en campañas y protestas.
grupos de motoristas “imponen anarquía en las calles” en distintos puntos del país muestra cómo un sector informal, cuando se siente intocable, puede pasar de ser servicio de transporte a factor de desorden y violencia.
El problema se agrava cuando las autoridades civiles y policiales, en lugar de hacer valer la ley para todos, muestran una actitud de tolerancia, cálculo o miedo frente a estos grupos por su peso electoral o capacidad de presión en la calle. Cuando el político ve al motorista, al grupo barrial o al sindicato solo como “votos” o “fuerza de movilización” y no como ciudadanos sujetos a la ley, envía un mensaje peligroso: que hay segmentos privilegiados para violentar normas porque resultan útiles en época de elecciones.
Las consecuencias de ceder espacios de autoridad al miedo, al cálculo electoral o a la complicidad ya las estamos viendo en otros países de la región: Ecuador pasó en pocos años de una relativa tranquilidad a convertirse en alerta hemisférica, con un aumento de más de 570% en la tasa de homicidios entre 2019 y 2023, control territorial compartido por más de 20 organizaciones criminales catalogadas como terroristas y un “conflicto armado interno” declarado por el propio gobierno frente al crimen organizado.
Haití ofrece la versión extrema de ese mismo libreto: bandas armadas controlando barrios, carreteras, puertos y hasta instituciones, mientras el Estado pierde capacidad real de mando sobre grandes zonas del territorio.
Lo que empieza como “dejarlos”, “aguantar” o “no meterse con ellos porque dan votos o porque meten miedo”, termina abriendo brechas por donde se cuela el crimen organizado, la pandilla y la masa enardecida, hasta que el Estado tiene miedo de entrar a sus propios barrios. En Ecuador, esa dinámica de tolerancia, corrupción e infiltración institucional ha permitido que cárteles internacionales se asocien con bandas locales para controlar rutas, puertos y comunidades, obligando al gobierno a responder tarde y en condiciones muy desfavorables.
La República Dominicana no está aún en ese punto, pero los datos de linchamientos, homicidios no resueltos, comunidades sin presencia efectiva del Estado y la reciente escena dantesca de un trabajador asesinado por una turba de motoristas por un roce de tránsito muestran que avanzamos en la dirección equivocada.
A esto se suma un fenómeno preocupante que ya he señalado anteriormente: ciudadanos que impiden arrestos, barrios que esconden a los mismos delincuentes que los azotan, grupos que rodean patrullas para impedir detenciones y que nunca enfrentan consecuencias ejemplares por obstaculizar la labor policial.
jpm-am
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