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POR EZEQUIEL CUEVAS
En la República Dominicana, ejercer el derecho se ha convertido para muchos profesionales en una lucha constante entre la vocación y la supervivencia. Aunque la figura del abogado suele asociarse al prestigio y al reconocimiento social, la realidad cotidiana de miles de juristas dominicanos dista mucho de esa percepción. Bajos ingresos, saturación del mercado laboral, limitadas oportunidades académicas y escaso respaldo institucional forman parte de un panorama que preocupa cada vez más al sector jurídico nacional.
Uno de los principales problemas que enfrentan los abogados dominicanos es la precariedad académica posterior a la obtención del título universitario. La mayoría de los profesionales recién egresados no cuenta con recursos económicos suficientes para acceder a especialidades, maestrías o programas internacionales que les permitan competir en igualdad de condiciones dentro de un mercado cada vez más exigente. En muchas ocasiones, los costos de los postgrados superan ampliamente las posibilidades reales de quienes apenas comienzan a ejercer.
A esto se suma la ausencia de políticas efectivas de apoyo por parte del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), institución llamada a representar y fortalecer el desarrollo profesional del gremio. Diversos abogados consultados consideran que el colegio ha concentrado históricamente sus esfuerzos en asuntos electorales y administrativos internos, dejando en segundo plano la creación de programas de becas, financiamiento educativo, convenios internacionales o planes de capacitación continua accesibles para los profesionales de escasos recursos.
La situación afecta particularmente a los abogados jóvenes del interior del país, donde las oportunidades académicas y laborales son todavía más limitadas. En provincias alejadas de los grandes centros urbanos, muchos juristas deben conformarse con ejercer de manera informal o asumir múltiples ocupaciones para sostenerse económicamente.
La falta de acceso a bibliotecas jurídicas actualizadas, plataformas digitales especializadas y espacios de formación permanente profundiza aún más las desigualdades dentro del ejercicio profesional.
Expertos del ámbito jurídico advierten que esta problemática no solo perjudica a los abogados, sino también al sistema de justicia en sentido general. Un profesional sin acceso a formación continua difícilmente podrá responder a los desafíos contemporáneos del derecho, especialmente en áreas emergentes como litigación digital, cibercrimen, arbitraje internacional, derecho constitucional avanzado o inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico. La modernización de la justicia requiere abogados capacitados, actualizados y respaldados institucionalmente.
Mientras otras organizaciones profesionales de América Latina han impulsado fondos de cooperación académica y programas de especialización subvencionados, en República Dominicana persiste la percepción de abandono dentro del gremio jurídico. Muchos abogados consideran urgente una transformación estructural del colegio profesional, orientada no solo a la representación gremial, sino también a la promoción efectiva del crecimiento intelectual y económico de sus miembros.
En medio de estas dificultades, miles de abogados continúan ejerciendo con esfuerzo y compromiso, sosteniendo el funcionamiento cotidiano del sistema judicial pese a las limitaciones existentes. Sin embargo, crece el consenso de que dignificar la profesión jurídica requiere mucho más que discursos institucionales: exige inversión en educación, oportunidades reales de especialización y un acompañamiento permanente que permita a los profesionales del derecho desarrollarse plenamente y aportar una justicia más preparada, moderna y accesible para toda la sociedad.
JPM
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