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La crisis que atraviesa Bolivia hoy en día se ha convertido en uno de los focos de mayor preocupación política y económica de América Latina. La combinación de altos precios internacionales del petróleo, escasez de divisas, conflictos políticos internos y una profunda fragilidad estructural ha colocado al país sudamericano en una situación de elevada tensión social y riesgo de inestabilidad institucional.
El detonante inmediato ha sido el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en el Golfo Pérsico, particularmente en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. El cierre de esta ruta marítima ha disparado el precio del petróleo a niveles entre 104 y 110 dólares por barril, encareciendo dramáticamente los combustibles importados.
Bolivia, que importa alrededor del 56 % del diésel y el 30 % de la gasolina que consume, ha sido golpeada severamente por este escenario. El Estado boliviano subsidia los combustibles desde hace años, pero el aumento internacional del petróleo convirtió ese modelo en prácticamente insostenible. Mientras en 2024 el subsidio costó unos 1,700 millones de dólares, las proyecciones para 2026 elevan la factura a cerca de 2,800 millones, en un país con reservas internacionales netas inferiores a 500 millones de dólares.
La consecuencia inmediata ha sido el racionamiento de diésel, largas filas en estaciones de servicio, paralización parcial del transporte y protestas crecientes en regiones agrícolas como Santa Cruz, donde el combustible es vital para la cosecha de soya y otras exportaciones. La inflación ya ronda el 12 % anual y la escasez de dólares ha creado una fuerte brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.
A la crisis económica se suma un panorama político explosivo.
El presidente Rodrigo Paz gobierna con legitimidad electoral reciente, pero sin mayoría legislativa y enfrentando un Movimiento al Socialismo (MAS) fracturado entre los seguidores de los del expresidentes Evo Morales y Luis Arce.
Evo, con orden de captura y atrincherado en el Chapare, zona de sus cocaleros organizados, mantiene capacidad de bloqueo de carreteras hacia los centros productivos, sobre todo de Litio y de movilización y protestas. Acusa al gobierno de responder a intereses extranjeros.
Mientras tanto, sectores cívicos de Santa Cruz exigen mayor autonomía y control de las regalías regionales o compensaciones que el Estado paga al departamento por la explotación de sus recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos y la minería.
La situación revive los fantasmas de la crisis boliviana de 2019, cuando luego de un comprobado fraude electoral de Evo Morales para un cuarto periodo, éste fue obligado a renunciar de la presidencia, para que, luego de un gobierno provisional que lo sustituyó, se realizaran nuevas elecciones en el 2020 que ganó Luis Arce del MAS.
Aunque las Fuerzas Armadas parecen poco dispuestas a respaldar una ruptura constitucional, los riesgos de convulsión social son reales si continúan agravándose la escasez de combustible, la inflación y el deterioro económico.
Lecciones para RD
En medio de este escenario, la República Dominicana observa con preocupación la evolución de los acontecimientos. El canciller Roberto Álvarez llamó recientemente al diálogo político en Bolivia, consciente de que una desestabilización en ese país tendría repercusiones regionales.
Sin embargo, aunque República Dominicana también enfrenta el impacto del alza internacional del petróleo, existen diferencias estructurales importantes entre ambas naciones.
Al igual que Bolivia, República Dominicana es importadora neta de petróleo y derivados. El aumento de los precios internacionales obliga al gobierno dominicano a destinar cuantiosos recursos al subsidio de combustibles y electricidad para evitar un impacto directo sobre la población y la inflación.
La diferencia fundamental radica en la capacidad de respuesta macroeconómica de nuestro país. República Dominicana mantiene reservas internacionales cercanas a los 15 mil millones de dólares, uno de los niveles más altos de su historia, lo que le proporciona margen financiero para amortiguar temporalmente los efectos de una crisis energética internacional.
Además, la economía dominicana posee fuentes de divisas más diversificadas y dinámicas. El turismo, las remesas, las zonas francas y la inversión extranjera continúan generando ingresos robustos en dólares. A esto se suma una estabilidad política e institucional mucho más consolidada que la boliviana.
No obstante, el país no está exento de riesgos. Una prolongación del conflicto en el Golfo Pérsico podría elevar aún más los costos de importación de combustibles, aumentar las presiones fiscales y desacelerar sectores sensibles como el turismo y el transporte. También obligaría al gobierno dominicano a decidir hasta qué punto puede sostener subsidios sin afectar las finanzas públicas.
La crisis boliviana representa así una advertencia RD y para toda América Latina. Las economías altamente dependientes de combustibles importados y con debilidades fiscales o políticas pueden volverse extremadamente vulnerables ante choques geopolíticos externos.
Bolivia enfrenta hoy la tormenta perfecta, altos precios del petróleo, falta de dólares, polarización política y agotamiento de su modelo económico.
República Dominicana, aunque mejor preparada, también deberá navegar con prudencia en un escenario internacional marcado por incertidumbre energética y tensiones geopolíticas crecientes.
jpm-am
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