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POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA
El pasado 30 de junio venció el plazo para que las empresas cumplieran con la Contribución Especial para la Gestión de Residuos Sólidos. Lo que en el papel de la Ley 225-20 se promovió como un loable compromiso con el medio ambiente, en la práctica se ha convertido en otra pesada carga financiera para el sector formal dominicano. La noble causa verde termina siendo el pretexto perfecto para justificar un esquema que asfixia al que produce.
El principal abuso radica en la naturaleza misma del cálculo de esta tasa, la cual atropella el principio internacional de la fiscalidad ecológica, el que contamina, paga. En nuestro país se optó por la vía fácil de la recaudación, indexando la contribución a los ingresos brutos de las empresas en lugar de medir los desechos que realmente generan. Esto penaliza el éxito comercial y la transparencia fiscal de las organizaciones.
Bajo esta distorsión, una firma de consultoría o desarrollo tecnológico que opera de forma digital y apenas produce basura de oficina, termina pagando sumas elevadas solo por su alta facturación. En contraste, un generador masivo de desperdicios con menores márgenes de ganancia podría aportar una fracción mínima. No estamos ante una tasa de responsabilidad ambiental, sino ante un impuesto encubierto sobre las ventas.
A esto se suma una flagrante doble tributación que afecta directamente al comercio local. Las empresas ya pagan mensualmente agresivos arbitrios municipales a los ayuntamientos por el servicio de recogida de basura. Exigir un nuevo pago obligatorio por el mismo concepto y hacia un fideicomiso especial es obligar al ciudadano corporativo a financiar dos veces un servicio que sigue siendo deficiente.
La paciencia del contribuyente se agota cuando los sacrificios económicos no se traducen en soluciones visibles en las calles dominicanas. Seguimos conviviendo con vertederos a cielo abierto, fallas en la recolección y una ausencia total de infraestructura pública para el reciclaje. Exigir transferencias monetarias sin mostrar transparencia ni resultados institucionales claros en el manejo de esos fondos es un abuso.
El sector productivo no se opone a la sostenibilidad, pero exige que las políticas públicas se manejen con justicia y eficiencia. La verdadera protección del medio ambiente no se logra abriendo nuevas ventanillas de cobro para parchar ineficiencias del Estado, sino administrando con transparencia lo que ya se recauda.
Es hora de revisar una contribución que castiga al cumplimiento y premia la informalidad.
jpm-am
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