Cuando la violencia se hereda: dos hermanas, un crimen

La autora es periodista. Reside en Baní

POR LUISANNA PUELLO

San Francisco de Macorís vuelve a sacudir la conciencia nacional. No por un hecho aislado, sino por una tragedia que desnuda fallas profundas, acumuladas y peligrosamente normalizadas.

Aneisy Ceballos de Jesús tenía 14 años. Era una niña. Sin embargo, estaba en una relación de convivencia con un hombre de 20 años. Desde ahí, todo estaba mal. Ningún análisis serio de este caso puede comenzar después de los disparos sin detenerse primero en esa realidad: una menor involucrada en una relación desigual, tolerada por su entorno y desprotegida por el sistema.

La adolescente murió tras recibir cuatro impactos de bala. En el mismo hecho resultó herido Enmanuel Núñez Batista, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas. La presunta autora del crimen fue su propia hermana, Ankelsy Valerio de Jesús, quien ya se entregó a las autoridades. Según su testimonio, su intención era enfrentar al hombre que presuntamente maltrataba físicamente a su hermana. En medio del forcejeo, Aneisy se interpuso y recibió la mayoría de los disparos.

Que quede claro: este análisis no busca justificar ningún acto violento. Una vida fue arrebatada y otra joven tendrá que cargar con el peso irreversible de esa acción. Pero el periodismo responsable no se queda en el titular policial; escarba, incomoda y pregunta lo que muchos prefieren callar.

Preguntas

¿Quién permitió que una niña de 13 o 14 años viviera como pareja de un adulto?

¿Bajo qué criterios se normalizó esa relación?

¿Dónde estaban los mecanismos de protección que establece la Ley 136-03, que obliga al Estado, la familia y la comunidad a salvaguardar a niños y adolescentes de cualquier forma de abuso o vulneración?

Aquí emerge un elemento clave: la violencia no nace de la nada; se aprende, se hereda y se reproduce cuando el entorno la valida y el Estado no actúa a tiempo. Cuando las instituciones no protegen, alguien equivocadamente cree que debe hacerlo por su cuenta. Y ese camino casi siempre termina en tragedia.

Este caso remueve una herida que San Francisco de Macorís no ha logrado cerrar. Es imposible no recordar a Emely Peguero, la adolescente embarazada asesinada por su pareja. Mismo municipio, mismo patrón: una menor envuelta en una relación desigual, señales de alerta ignoradas y una reacción institucional que llegó demasiado tarde. Cambian los nombres, cambian las circunstancias inmediatas, pero la raíz es la misma.

No fue un arrebato.

No fue un hecho fortuito.

Fue el desenlace de múltiples omisiones.

Hoy, una madre enfrenta el dolor más cruel: una hija muerta y otra camino a prisión. Dos vidas truncadas dentro de la misma familia, producto de una cadena de irresponsabilidades que comenzó mucho antes de que se apretara un gatillo.

Como sociedad, seguimos indignándonos después, pero tolerando antes. Seguimos llamando “amor” a lo que muchas veces es abuso, y “problema familiar” a lo que exige intervención urgente del Estado.

La pregunta de fondo no es solo quién disparó.

La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿por qué seguimos llegando tarde?

¿Y cuántas niñas más tendrán que morir para que dejemos de normalizar lo que nunca debió ser aceptable?

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