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Las recientes intervenciones viales ejecutadas en puntos neurálgicos de alta densidad, como la emblemática rotonda de la Plaza de la Bandera y la zona de Pintura, han constituido, en una apreciación justa y objetiva, un alivio perceptible para la agobiante fluidez del tránsito que estrangula cotidianamente al Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo Oeste.
Desconocer el impacto benéfico que estas obras públicas imprimen a la movilidad urbana sería incurrir en la mezquindad o en la ceguera analítica; empero, pretender ocultar las profundas deficiencias operativas y de diseño bajo una narrativa edulcorada de perfección ficticia resulta, además de una burla a la ciudadanía, un ejercicio de extrema irresponsabilidad institucional.
El ejemplo más diáfano y preocupante de esta desconexión entre la propaganda oficial y la cruda y porfiada realidad cotidiana se manifiesta en la propia rotonda de la Plaza de la Bandera.
En un empeño burocrático por proyectar ante la opinión pública una circulación artificialmente continua —una entelequia de fluidez idílica confinada al papel y a las gacetillas de prensa—, se ha tomado la desacertada decisión de anular por completo el funcionamiento de los semáforos. Esta supresión antojadiza ha convertido un espacio llamado a ordenar el flujo vehicular en un complejo laberinto de riesgos incalculables.
Una disección minuciosa de la dinámica del lugar expone una falla estructural de control y planificación sumamente evidente. Quienes transitan de sur a norte por la avenida Luperón con el firme propósito de incorporarse a la autopista 6 de Noviembre se ven forzados a una maniobra de alta complejidad: atravesar transversalmente los carriles de la rotonda.
En el sentido opuesto, los conductores que fluyen desde la referida autopista se desplazan inicialmente por el carril de la extrema derecha; sin embargo, aquellos que deben empalmar con la avenida 27 de Febrero bordeando la rotonda se topan e intersecan inevitablemente con el torrente crítico de los vehículos que, avanzando por la propia avenida Luperón, procuran girar hacia el oeste para buscar la autopista 6 de Noviembre.
Al adentrarnos en el crisol de las horas pico, este nudo gordiano degenera en un cuello de botella caótico y exasperante. Mientras los vehículos que circulan de manera continua por la rotonda en dirección a la avenida 27 de Febrero prolongan su marcha sin detenerse —o reduciendo la velocidad de manera imperceptible—, los conductores que ascienden de sur a norte por la avenida Luperón con destino a la autopista 6 de Noviembre se ven en la obligación imperativa de cortar los carriles de circulación.
Riesgos
En esa arriesgada empresa, quedan literalmente a merced del azar y de la pericia individual, completamente desamparados ante la ausencia absoluta de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y frente a la estéril e imponente presencia de semáforos apagados que guardan un silencio cómplice.
En contraparte, la contra evaluación de la ruta muestra matices diferenciados: los automovilistas que circulan de norte a sur por la avenida
Luperón al arribar a la rotonda se encuentran con los flujos que provienen de la avenida 27 de Febrero rumbo a la autopista 6 de Noviembre; no obstante, al tratarse de una dinámica donde los giros se limitan orgánicamente a bordear la rotonda sin la necesidad de cruzar de lado a lado los carriles centrales, la aglomeración y el factor de riesgo relativo disminuyen, aunque sin desaparecer del todo.
Pretender erigir la supresión ciega de los dispositivos electrónicos de control de tráfico como un sinónimo de modernidad y eficiencia responde con creces a una medida de corte politiquero e irreal, antes que a una solución de ingeniería vial sostenible. La ciencia del tránsito y la vialidad moderna no persiguen la quimera de eliminar la necesidad de regulación y autoridad en las intersecciones complejas, sino de administrar con rigor científico, equidad y fluidez los tiempos de cruce.
Prescindir del semáforo bajo el argumento simplista de que «el tráfico no debe detenerse» constituye una flagrante violación a la física elemental del cruce de trayectorias. Bastaría con restablecer la operatividad de estos aparatos —inclusive diseñando y programando ciclos de luz breves, inteligentes y dinámicos, meticulosamente adaptados a los momentos de saturación volumétrica— para devolver la certidumbre al ordenamiento urbano y garantizar el derecho elemental a la vida de los transeúntes y conductores.
Mantener el statu quo actual, caracterizado por la ausencia de semáforos funcionales y la carencia de fiscalización activa, equivale a jugar a la ruleta rusa con la seguridad ciudadana. De persistir este panorama de anarquía institucionalizada, las colisiones múltiples y los accidentes de fatales consecuencias no constituirán una eventualidad lejana, sino una consecuencia lógica y anunciada.
Las autoridades competentes aún disponen del margen temporal indispensable para corregir este impasse técnico antes de que una estadística luctuosa e irreparable tenga que recordarnos, con la crudeza del dolor humano, que la verdadera modernidad y la auténtica fluidez vial jamás deben construirse sobre el pavimiento de las vidas humanas.
JPM
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