Escuchar artículo
La higiene urbana no es un lujo ni un capricho estético: es un deber legal de los ayuntamientos, consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica de los Municipios. Mantener calles, aceras y espacios públicos libres de basura es parte del derecho ciudadano a un ambiente sano y de la obligación estatal de garantizar la salud colectiva.
En la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la limpieza urbana fue convertida en propaganda política. “Ciudad Trujillo, la capital más limpia del mundo” no era solo un eslogan, sino un instrumento de legitimación del régimen. La higiene se transformó en símbolo de orden, disciplina y control social. Los ayuntamientos estaban sometidos a una vigilancia férrea: la suciedad era intolerable porque representaba desobediencia al poder.
El derrumbe tras la dictadura
Con la caída del régimen, la disciplina impuesta se desmoronó. Los movimientos sindicales y partidos políticos, en su lucha por espacios de poder, descuidaron la gestión de lo público. El clientelismo político sustituyó la responsabilidad institucional. Los ayuntamientos se llenaron de activistas sin preparación técnica, y la higiene urbana dejó de ser prioridad. La protesta social, legítima en su origen, degeneró en abandono físico de la ciudad.
La limpieza dejó de ser política de Estado y se convirtió en un problema crónico. Los ayuntamientos, atrapados en el clientelismo, han relegado la higiene a un segundo plano. Activistas políticos sin preparación técnica ocupan cargos clave, y la supervisión diaria de la limpieza urbana ha desaparecido. El resultado es visible: colectores desbordados, calles convertidas en vertederos improvisados y espacios públicos degradados.
La capital debería ser ejemplo de orden y salubridad. Sin embargo, hoy exhibe un rostro de abandono que afecta la movilidad, la salud y la dignidad de sus habitantes. La suciedad acumulada no es solo un problema físico: es el espejo de la irresponsabilidad municipal y de la falta de compromiso con el bien común.
La basura en las calles es un síntoma de una enfermedad más grave: la corrupción administrativa y la indiferencia hacia los derechos ciudadanos. Si los ayuntamientos no asumen con seriedad su deber de garantizar la limpieza y la higiene, Santo Domingo seguirá siendo testimonio de cómo la irresponsabilidad política puede ensuciar no solo la ciudad, sino también la institucionalidad democrática.
El espejo roto
Hoy, Santo Domingo de Guzmán, no es la capital que se promocionaba en los años de hierro. Calles, aceras y contenes se ven invadidos por desperdicios; los colectores desbordados impiden el tránsito y degradan la salud pública. La limpieza dejó de ser política de Estado para convertirse en un problema crónico, reflejo de la incapacidad de los ayuntamientos de cumplir con su deber constitucional de garantizar un ambiente sano.
La suciedad urbana no es solo un problema estético: es una violación al derecho fundamental de los ciudadanos a vivir en un entorno saludable. El abandono de la higiene pública constituye una forma de corrupción silenciosa, porque revela la traición de los funcionarios a su deber de servicio. Ayer, la limpieza fue usada como propaganda; hoy, la suciedad desnuda la mediocridad política. Si los ayuntamientos no recuperan la responsabilidad perdida, Santo Domingo seguirá siendo el espejo roto de una institucionalidad que se niega a limpiar sus propias culpas.
jpm-am
Compártelo en tus redes:
