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La política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina parece haber recuperado una vieja lógica que muchos creían superada: la del aliado que exige lealtad absoluta, pero que no siempre corresponde esa fidelidad con un trato equilibrado.
Es una relación en la que Washington reclama cooperación estratégica, militar y política, mientras impone decisiones económicas que terminan perjudicando precisamente a los países que más respaldan sus intereses en la región.
Lo ocurrido esta semana constituye un ejemplo casi perfecto de esa contradicción.
Mientras el Comando Sur del Ejército estadounidense anunciaba la creación del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, una fuerza integrada por 18 países para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y otras amenazas transnacionales, muchos de esos mismos gobiernos ya estaban asimilando otro mensaje muy distinto procedente de Washington: nuevos aranceles a sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.
La paradoja resulta difícil de ignorar.
Estados Unidos necesita a esos gobiernos para contener el narcotráfico, controlar los flujos migratorios, compartir inteligencia, facilitar operaciones militares, abrir sus puertos, aeropuertos y espacios aéreos y respaldar su estrategia geopolítica frente a la creciente influencia de China y otros actores internacionales. Pero, al mismo tiempo, aplica medidas comerciales que reducen la competitividad de esas mismas economías.
No reciprocidad
En otras palabras, se les pide colaboración sin reservas, pero no se les garantiza reciprocidad.
La República Dominicana ilustra claramente esa realidad.
Pocos países del Caribe mantienen un nivel de cooperación con Estados Unidos tan amplio como el dominicano. La coordinación en materia de seguridad, inteligencia, interdicción marítima y combate al narcotráfico ha sido constante durante décadas.
Las autoridades dominicanas han facilitado operaciones conjuntas, permitido el uso de instalaciones estratégicas y fortalecido los mecanismos de intercambio de información con las agencias estadounidenses.
Ahora, sin embargo, esa condición de aliado preferente no ha impedido que las exportaciones dominicanas enfrenten un arancel de 12.5 %, una penalización superior a la aplicada a otros competidores regionales, que pagarán un 10 %.
Ese diferencial de apenas 2.5 puntos porcentuales puede parecer pequeño sobre el papel, pero en los mercados internacionales representa una enorme diferencia de competitividad.
Cuando un exportador dominicano compite con otro productor centroamericano o caribeño por colocar un mismo producto en los Estados Unidos, ese margen puede decidir quién vende y quién pierde el contrato.
No se trata únicamente de impuestos. Se trata de empleos, inversiones, crecimiento económico y estabilidad social.
La explicación ofrecida por Washington gira alrededor de supuestas violaciones a disposiciones relacionadas con el trabajo forzoso. Si esas observaciones existen, naturalmente deben ser atendidas y corregidas conforme al debido proceso. Ningún país puede pretender quedar exento del cumplimiento de estándares laborales internacionales. Lo discutible es la evidente asimetría de la relación.
Porque mientras Estados Unidos puede imponer unilateralmente aranceles, sanciones o restricciones comerciales, ninguno de estos países posee la capacidad política ni económica para responder en iguales términos.
Ahí radica el verdadero desequilibrio.
La relación bilateral deja de ser una negociación entre socios para convertirse en una relación marcada por la supremacía de una sola de las partes.
Y esa realidad no afecta únicamente a la República Dominicana.
Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, entre otros integrantes de la nueva coalición hemisférica, observan el mismo fenómeno: se les invita a participar activamente en la estrategia de seguridad continental mientras sus economías quedan expuestas a decisiones comerciales tomadas exclusivamente en Washington.
La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro que su prioridad absoluta es la defensa de los intereses estadounidenses. Desde esa perspectiva, su política resulta coherente. Lo que corresponde preguntarse es si los gobiernos latinoamericanos también están defendiendo con la misma firmeza los intereses de sus propios países
jpm-am
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