Vidas al límite: suicidios en alza (OPINION)

El autor es periodista. Reside en San Pedro de Macorís.

Por Juan Santiago Morillo

República Dominicana cerró el año 2024 con 651 suicidios. Un promedio de 54 personas por mes. Casi dos por día. No son simples cifras: son padres, madres, hijos, vecinos. Personas que, mucho antes de morir, ya vivían rotas por dentro.

La tragedia del suicidio no es nueva, pero su persistencia desnuda una realidad incómoda: vivimos en un país donde el sistema no protege la vida cuando más vulnerable se encuentra. Las estadísticas no alcanzan para dimensionar la profundidad del dolor que atraviesan quienes deciden poner fin a su existencia.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 81.72 % de las víctimas fueron hombres, y casi la mitad tenía entre 25 y 49 años, justo en la etapa más productiva de la vida. La mayoría recurrió a métodos como el ahorcamiento y la asfixia, y las causas detrás son todo menos impulsivas.

Estas muertes son consecuencia directa de un cúmulo de presiones: económicas, sociales, emocionales. Deudas impagables, desempleo, discriminación, soledad. En un país donde la vida se paga a plazos, muchas personas viven bajo constante asedio emocional.

Mientras se aplaude el crecimiento económico, se calla el costo humano del endeudamiento. Miles de dominicanos viven atrapados en la ansiedad que generan las llamadas compulsivas de bancos y financieras. No existe regulación efectiva contra el hostigamiento, ni apoyo para quienes caen en crisis.

¿Cuántas de esas 651 personas murieron después de perder su empleo, enfrentar un embargo o sentirse inútiles dentro de un sistema que solo valora al que puede pagar? Nadie lo sabe. Nadie parece querer saberlo.

A la presión económica se suma otra forma de exclusión: la discriminación por edad. A partir de los 40 años, trabajadores capacitados son descartados sin miramientos. Mujeres mayores de 35 y hombres con experiencia, pero sin “imagen juvenil”, quedan fuera del mercado.

Así, personas con talento y preparación son empujadas al desempleo justo cuando deberían alcanzar estabilidad. No es el fracaso lo que mata, es el rechazo persistente de una sociedad que margina a quienes considera “viejos” para producir.

Cómplice por omisión

Frente a este panorama, el Estado ha sido cómplice por omisión. La salud mental no ha sido tratada como prioridad. Las unidades especializadas son escasas, mal equipadas y concentradas solo en las grandes ciudades. No hay campañas de prevención, ni atención psicológica suficiente en comunidades o centros educativos.

La inversión pública en salud mental sigue siendo simbólica. Sin protocolos de atención, sin acompañamiento emocional efectivo, miles quedan a la deriva. En la práctica, la salud mental es un lujo para quien puede pagarla. Para los demás, solo queda el silencio.

Mientras tanto, el sufrimiento emocional se sigue tratando como debilidad, no como emergencia. El suicidio se menciona brevemente en los medios, pero nunca se convierte en agenda nacional. ¿Qué país estamos construyendo?

Este artículo no es solo una reflexión. Es una exigencia. Al Estado dominicano, para que declare la salud mental como prioridad nacional. Al Congreso, para que legisle contra el cobro abusivo. A las empresas, para que cese la discriminación por edad. Y a los medios, para que den voz al dolor que ya no se puede seguir ignorando. Porque cada vida importa. Y cada historia puede salvarse.

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