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Tras 25 años de su puesta en marcha, urge que el Estado dominicano realice una exhaustiva revisión del contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona que fue firmado con el Consorcio Azucarero Central (CAC).
El acuerdo fue suscrito por sólo 20 años y ya van 25. Todo aconteció el día 13 de diciembre de 1999 en el marco de la funesta iniciativa de privatización de los ingenios azucareros.
La transacción, salvo prueba en contrario, no ha llenado la expectativa socio-económica que se creó en la región cuando se dispuso entregar en arrendamiento este emporio azucarero estatal al sector privado.
¿Ha valido la pena el contrato?
Al pasar de los años, a ninguna autoridad nacional ni regional se le ha ocurrido preguntarse ¿valió la pena esta transacción? Por el momento, no se palpan logros que se puedan evaluar como de gran impacto en el bienestar de los habitantes esta depauperada zona del Sur del país.
Como se puede observar, 25 años después (y el contrato se suscribió por 20 años), la vida de los habitantes y los trabajadores agrícolas de los bateyes del otrora poderoso ingenio Barahona sigue tan miserable como cuando fue arrendado. Entonces ¿para qué diantre fue el arrendamiento?
Y a propósito de arriendo del ingenio Barahona, tenemos que sus zonas cañeras, sus bateyes y su área industrial ¿fueron regalados o arrendados al Consorcio Azucarero Central (CAC)? ¿Quiénes son los propietarios del CAC que se engulle al ingenio Barahona? Se trata de un emporio privado integrado por inversionistas extranjeros coaligados a dominicanos. La pregunta viene a colación porque, pasado el tiempo, no se conoce, nadie sabe cuáles son los beneficios que el Estado recibe del arrendamiento de esta empresa azucarera.
El contrato fue firmado por el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ingeniero químico Félix Alcántara, en representación del Estado dominicano.
“Este documento –se establece-es un contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona firmado entre el Estado Dominicano, el Consejo Estatal del Azúcar, y el Consorcio Azucarero Central como la sociedad arrendataria seleccionada a través de un proceso de licitación. El contrato detalla los términos y condiciones del arrendamiento de los activos e instalaciones del Ingenio Barahona a la sociedad arrendataria por un período de 20 años”.
Beneficios que recibe el Estado
Pero ¿está el CEA dando seguimiento al cumplimiento de las cláusulas de este contrato? Y si es así, en estos 25 años ¿cuáles han sido los beneficios que ha recibido el Estado? ¿Cuáles asistencias recibe la zona de influencia del ingenio a partir de su explotación por el sector privado? ¿Tienen los obreros del área industrial y los trabajadores agrícolas que laboran para el CAC mejores condiciones de vida que cuando lograron arrendar esta suculenta “mina cañera”?
No se conocen datos de modificaciones posteriores o las nuevas condiciones de este acuerdo, y “no existe –asimismo- una nueva administración distinta a esta operadora privada histórica en la actualidad”. En tal sentido, informes recientes plantean que “el ingenio Barahona sigue operando bajo la administración del Consorcio Azucarero Central (CAC), empresa que mantiene un contrato de arrendamiento con el Estado dominicano a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)”.
En esa tesitura, se destaca un impacto laboral de este arrendamiento de “más de 3,200 empleos directos y una nómina anual cercana a los US$17.3 millones de dólares”. Habría que hacer entonces otras preguntas ¿Cuál es la calidad de esos empleos? ¿Pueden los trabajadores cañeros comprarse una vivienda digna, un carrito o vivir cómodamente con sus actuales ingresos?
Igualmente se ha informado que el ingenio registró una cosecha de 748 mil toneladas de caña y producción de 81,124 toneladas de azúcar crema en la zafra más reciente. ¿Se vendió esa azúcar en el exterior o en el mercado local? ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿Qué porcentaje correspondió al Estado dominicano? O es como se señala en uno de los artículos del contrato, en el sentido de que el gobierno recibiría una suma superior al millón de dólares cada mes.
¿Arrendatario o propietario?
De hecho, el CAC no actúa como un arrendatario, se desempeña más bien como un abusivo “propietario” que traza e impone las reglas del juego en la zona. Su accionar raya en el abuso contra pequeños productores agrícolas que han sobrevivido por décadas en las periferias de las grandes extensiones cañeras del ingenio.
El hecho más reciente ocurrió en la laboriosa comunidad de El Jobo de Uvilla, municipio de Tamayo. Allí se destruyeron centenares de tareas sembradas de plátano y otros rubros, en plena producción, con el alegato de que esas tierras les pertenecen. Los productores afectados con la insana acción afirman que tienen décadas cultivando esos terrenos, incluso mucho antes de que el ingenio fuera arrendado al CAC.
Las imágenes de estos hechos son aterradoras, alarmantes, preocupantes. Este emporio azucarero del Estado ahora en manos de extranjeros con un contrato que ha finiquitado, no da la menor muestra de compasión por estos cultivadores de la tierra del Sur Profundo, y despreciado.
Otros hechos similares han ocurrido en otras comunidades de Tamayo, en algunos casos el gobierno ha intervenido, pero para beneficiar al latifundio cañero, el cual se dedica ahora, además del cultivo de caña, a la producción de rubros agrícolas en franca competencia con pequeños productores.
jpm-am
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