La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos ha alertado de la posibilidad de que se produzcan en el país actos “contra la seguridad pública” con motivo del primer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Pidió a la población que preste atención “a su entorno en todo momento y reportar actividades sospechosas a las autoridades”.

«Es probable que organizaciones terroristas extranjeras y otros extremistas violentos sigan explotando las narrativas relacionadas con el conflicto para incitar a atacantes solitarios a llevar a cabo actos de violencia en Estados Unidos (…). El primer aniversario de los ataques del 7 de octubre podría motivar a actores amenazantes de todas las ideologías, incluidos los que propugnan el antisemitismo violento y la islamofobia, a participar en actos de violencia», ha advertido el FBI en un comunicado emitido junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tanto el FBI como el DHS consideran que esta efeméride puede ser un aliciente «para que los extremistas violentos y los perpetradores de delitos de odio participen en actos de violencia o amenacen la seguridad pública», sobre todo en vista del aumento de los delitos de odio «vinculados con el conflicto» observados en EEUU en el último año.

Así las cosas, han evidenciado su especial preocupación ante eventuales «ataques y otras actividades de alto perfil» en espacios comunitarios, reuniones públicas o instituciones religiosas –como sinagogas, mezquitas o centros islámicos–, que han señalado como «objetos atractivos para ataques violentos o para amenazas falsas por parte de una variedad de actores amenazantes».

En este contexto, desde Washington han señalado además que las personas inspiradas por «los mensajes en línea asociados a organizaciones terroristas extranjeras y otros extremistas violentos» podrían actuar en solitario, perpetrando ataques «con poca o ninguna advertencia», por lo que ha instado a la población a ser cautelosa y alertar a las autoridades ante cualquier sospecha.

Este 7 de octubre se cumple un año de la ofensiva militar lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 41.800 personas, como respuesta a los atentados perpetrados por milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se saldaron con unos 1.200 fallecidos y unos 240 rehenes.

Independencia- Tras concluir con la presentación de la acusación por tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la Administración Pública, porte ilegal de armas y secuestro, contra los miembros de la supuesta red criminal desmantelada con la Operación Iguana, el Ministerio Público solicitó a un tribunal de esta provincia que sean condenados a penas de 30 y 20 años de prisión.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal Colegiado de Jimaní que sean condenados a 30 años de prisión los acusados Delson Manuel Medina Díaz, Juan mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán, y a 20 años Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración (DGM), así como el inspector de Migración, Johan Rosario Castillo, y Deivi Novas Reyes, quienes fueron procesados por los citados delitos.

Además, solicitó que la acusada Dominga Guzmán sea condenada a 2 años de prisión suspendida, por complicidad en el tráfico ilícito de migrantes.

Las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representadas por los procuradores fiscales litigantes Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, formularon la solicitud ante los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, quienes se reservaron el fallo para el próximo jueves, 10 de octubre, a las 10:00 de la mañana.

La PETT, encabezada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada esta red a la cual se le atribuye utilizar la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.

Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.

El Ministerio Público solicitó este viernes prisión preventiva como medida de coerción, en contra de los imputados en el caso Camaleón.

Así lo afirmó la fiscal Mirna Ortiz, quien también dijo que pidieron declarar el caso complejo.

Igualmente, indicó que la audiencia fue fijada para este sábado a las 11:00 de la mañana.