El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU ha abierto un caso contra el Gobierno de Venezuela para investigar el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio y le ha exigido conservar las actas de escrutinio, según anunciaron este martes un grupo de abogados denunciantes.

Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a EFE que el Comité les notificó hoy que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.

Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE.UU.), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.

ONU investiga elecciones de Venezuela

La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha “solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales” incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el “acta de totalización, adjudicación y proclamación” mientras investiga.

Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.

n su denuncia “se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025”, agregaron.

Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EE.UU., y que denuncia una privación del voto que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.

Derechos humanos afectados

Los abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalan un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.

E inciden, al pedir medidas provisionales, “la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos”, ya que no es “un típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un candidato” sino “un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección”.

En ese sentido, destacan que “a pesar de que se impidió votar al 99 % de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela”.

El Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.

Haitianos residentes en la frontera de Elías Piña solicitan al gobierno dominicano restablecer el expendio de visas y permitir una entrada regular al país. 

Esta petición responde a las dificultades que enfrentan para regularizar su estatus migratorio y acceder a servicios básicos de manera legal.

En un recorrido por la zona fronteriza, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester fue consultado sobre el tema, pero indicó no tener información sobre la reanudación del proceso de emisión de visas y pasaportes en esa región.

Actualmente, solo se permite la entrada a través de visas estadounidenses, y está limitada a comerciantes y choferes, restringiendo las opciones para quienes buscan cruzar la frontera por otros motivos.

 EFE.- La defensa del presidente electo Donald Trump pidió este martes que se desestime su caso penal de Nueva York, el único en el que está condenado, pero cuya sentencia se pospuso indefinidamente, y aludieron al polémico indulto del presidente Joe Biden a su hijo Hunter.

En una extensa moción para el juez Juan Merchan, los abogados Todd Blanche y Emil Bove argumentan que a Trump lo sometieron al mismo “teatro político” que Biden criticó al indultar a su hijo y por eso debería desestimar tanto la acusación de la Fiscalía como el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado del juicio.

Biden declaró que su hijo fue “juzgado selectiva e injustamente”, lo que según los abogados supone “una condena extraordinaria del propio Departamento de Justicia” bajo su mando, que ha “coordinado”, dicen, las “cazas de brujas” contra Trump, como este llama a las causas judiciales en su contra.

Según la plataforma judicial, la Fiscalía tiene hasta el 9 de diciembre para responder al nuevo reclamo. Hasta ahora se ha opuesto a que se desestime el caso, pero hace un par de semanas cedió y dejó la puerta abierta a que se posponga la sentencia a 2029, cuando finalice su segundo mandato.

Defensa de Trump apela a la inmunidad presidencial

La defensa insistió de nuevo en que se le aplique la sentencia del Tribunal Supremo que concede inmunidad a los presidentes de EE.UU., o que se considere que sus derechos como presidente electo son a estos efectos similares a los de un presidente en ejercicio.

Los abogados, a los que Trump ha nominado para que ocupen altos cargos en su Departamento de Justicia, reiteraron que su estatus de “presidente electo” supone un “impedimento legal a más procesos criminales basándose en la doctrina de inmunidad presidencial”, entre otras cosas.

En noviembre, tras la victoria electoral de Trump, Merchan pospuso indefinidamente la sentencia, que está pendiente desde que un jurado lo condenó en mayo por la falsificación de registros comerciales para silenciar, en su anterior campaña electoral, una supuesta aventura pasada con la actriz porno Stormy Daniels.

El juez Merchan, que originalmente quería dictar sentencia a principios del verano, aceptó retrasarla dos veces después de que la defensa argumentara que tenía inmunidad presidencial según el fallo del Supremo y que su sentencia supondría una interferencia en las elecciones del 5 de noviembre.

Los abogados también aludieron al reciente abandono del fiscal especial Jack Smith de las dos causas penales federales que impulsó contra Trump, por el asalto al Capitolio y por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca, como refuerzo de sus argumentos.