Un vistazo a la ejecución presupuestaria del 2025 en RD

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El presupuesto del Estado dominicano es una herramienta clave para el desarrollo nacional. Funciona como un instrumento de planificación, programación y control de los ingresos, gastos e inversiones públicas, aprobado anualmente por el Congreso Nacional. Su correcta ejecución permite al Poder Ejecutivo implementar políticas públicas orientadas a generar riqueza, reducir desigualdades y garantizar servicios de calidad en salud, educación, seguridad y protección social.

La Ley de Presupuesto General del Estado, sustentada en el marco de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 y alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece no solo los recursos disponibles, sino también los compromisos de inversión a corto y mediano plazo. Esta planificación se rige por un enfoque plurianual para asegurar continuidad en los proyectos y sostenibilidad fiscal.

Según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), los ingresos del mes de junio de 2025 ascendieron a RD$94,849.3 millones, equivalentes al 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), y representan un cumplimiento del 7.6% con respecto al monto estimado en el presupuesto inicial (RD$1,241,899.9 millones). En el acumulado enero-junio, los ingresos alcanzaron RD$592,112.3 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 9.5% frente al mismo periodo de 2024, impulsado por una mayor presión tributaria en sectores como telecomunicaciones y minería.

Durante junio de 2025, el Gobierno Central ejecutó gastos por RD$128,595.7 millones, equivalentes al 1.6% del PIB y al 8.7% del presupuesto inicial. De este total, el 87.9% correspondió a gastos corrientes (RD$113,050.9 millones) y el 12.1% a gastos de capital (RD$15,544.8 millones). Esta relación evidencia una baja inversión pública en comparación con las obligaciones corrientes del Estado.

Al comparar ingresos y gastos en junio, se registra un déficit fiscal mensual de RD$33,746.4 millones. El resultado primario del mes —que excluye los intereses de la deuda pública (RD$33,545.1 millones)— fue también negativo: RD$201.2 millones.

En el primer semestre de 2025, los gastos corrientes ascendieron a RD$643,781.8 millones, un aumento de RD$46,701.5 millones respecto al mismo periodo de 2024, lo cual refleja una presión creciente sobre las finanzas públicas.

El crecimiento del PIB en 2024 fue de 4.5%, mientras que en 2025 se estima en apenas 3.2%, muy por debajo de la proyección presupuestaria del 5%. Esta desaceleración responde a la reducción de la demanda externa, la contracción del turismo en el primer trimestre del año y la incertidumbre global derivada de las tensiones geopolíticas.

En cuanto al comportamiento de la inflación, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) reportó una disminución paulatina: del 8.5% en 2022, al 8.2% en 2023, 5.5% en 2024 y aproximadamente 4% en 2025, situándose dentro del rango meta (4% ±1). No obstante, la depreciación del tipo de cambio persiste: la tasa de cambio peso-dólar se depreció un 6.4% en 2023, 6.6% en 2024 y 6.2% en junio de 2025, lo que indica una pérdida sostenida del poder adquisitivo de la moneda local.

La deuda pública continúa su ascenso. Según el Ministerio de Hacienda, al cierre de junio 2025 el saldo total de la deuda consolidada del sector público no financiero supera los US$68,000 millones, representando cerca del 52.4% del PIB. Los intereses generados por esta deuda se han convertido en una carga fiscal significativa, absorbiendo más del 20% del gasto público mensual.

A esto se suma la disminución de las reservas internacionales, que han descendido desde US$14,400 millones en 2023 a US$11,800 millones en 2025, debilitando la capacidad de intervención del BCRD frente a crisis cambiarias y afectando la estabilidad de la balanza de pagos.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la República Dominicana ocupa el segundo lugar en crecimiento económico dentro de la región, superada solo por Panamá. Sin embargo, la relación deuda/PIB y el déficit fiscal colocan al país en una posición vulnerable ante choques externos o reducciones abruptas en los ingresos por turismo y remesas.

Mientras países como Chile, Uruguay y Perú presentan estrategias de consolidación fiscal con énfasis en responsabilidad del gasto y eficiencia tributaria, la República Dominicana aún depende en gran medida de deuda e impuestos indirectos, lo que afecta la equidad fiscal.

Si bien la República Dominicana mantiene un desempeño macroeconómico por encima del promedio regional, los datos del primer semestre de 2025 advierten sobre desafíos estructurales importantes: el crecimiento económico no alcanza las metas proyectadas, la deuda continúa aumentando y el gasto corriente sigue desplazando a la inversión pública.

En este contexto, se hace urgente una reforma fiscal integral que promueva una recaudación más equitativa, reduzca las exenciones injustificadas y garantice una mayor calidad del gasto. Solo así será posible consolidar el crecimiento, proteger la estabilidad macroeconómica y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo.

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