Un juez federal bloquea la orden de Trump de eliminar la nacionalidad por nacimiento

Redacción.- Un juez federal en New Hampshire ha bloqueado a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una de las medidas más controvertidas anunciadas por el mandatario desde su segundo día en el poder.

El juez Joseph Laplante calificó la medida como un “cambio abrupto de una política de larga data” que podría provocar “daños irreparables”. A pesar de su fallo, estableció una pausa de siete días para que el gobierno pueda apelar. Así lo indica la documentación del caso, presentado como una demanda colectiva por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La orden ejecutiva, que pretendía impedir que los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres sin estatus migratorio regular accedieran automáticamente a la ciudadanía, tenía previsto entrar en vigor el próximo 27 de julio. Esta fecha fue fijada después de que el Tribunal Supremo invalidara bloqueos previos emitidos por jueces estatales, argumentando que no podían detener órdenes con alcance federal. Ese fallo del alto tribunal fue interpretado como un precedente clave para la administración Trump.

Sin embargo, en su dictamen, Laplante sostuvo que los demandantes “podrían sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden de bloqueo”. Ya en febrero, el mismo juez se había pronunciado en contra de la orden, aunque entonces su decisión fue limitada únicamente a los miembros de ciertas organizaciones. En esa ocasión, argumentó que la medida violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

En esta nueva resolución, el juez especifica que su decisión protege a los niños ya nacidos y a los que nazcan en el futuro, pero no a sus padres, como habían solicitado los demandantes. La demandante principal, identificada solo como Barbara, es una ciudadana hondureña que tiene una solicitud de asilo pendiente y espera el nacimiento de su primer hijo en octubre. De nacer en territorio estadounidense, su hijo tendría derecho automático a la ciudadanía, como establece la Constitución.

La demanda subraya que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda y respaldado por una sólida tradición jurisprudencial. Se describe como un “tesoro” constitucional que no puede ser eliminado mediante una orden ejecutiva presidencial. La decisión del juez Laplante representa un revés significativo para los intentos del gobierno de modificar este principio fundamental de la ley migratoria estadounidense.

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Redacción.- Un juez federal en New Hampshire ha bloqueado a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una de las medidas más controvertidas anunciadas por el mandatario desde su segundo día en el poder.

El juez Joseph Laplante calificó la medida como un “cambio abrupto de una política de larga data” que podría provocar “daños irreparables”. A pesar de su fallo, estableció una pausa de siete días para que el gobierno pueda apelar. Así lo indica la documentación del caso, presentado como una demanda colectiva por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La orden ejecutiva, que pretendía impedir que los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres sin estatus migratorio regular accedieran automáticamente a la ciudadanía, tenía previsto entrar en vigor el próximo 27 de julio. Esta fecha fue fijada después de que el Tribunal Supremo invalidara bloqueos previos emitidos por jueces estatales, argumentando que no podían detener órdenes con alcance federal. Ese fallo del alto tribunal fue interpretado como un precedente clave para la administración Trump.

Sin embargo, en su dictamen, Laplante sostuvo que los demandantes “podrían sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden de bloqueo”. Ya en febrero, el mismo juez se había pronunciado en contra de la orden, aunque entonces su decisión fue limitada únicamente a los miembros de ciertas organizaciones. En esa ocasión, argumentó que la medida violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

En esta nueva resolución, el juez especifica que su decisión protege a los niños ya nacidos y a los que nazcan en el futuro, pero no a sus padres, como habían solicitado los demandantes. La demandante principal, identificada solo como Barbara, es una ciudadana hondureña que tiene una solicitud de asilo pendiente y espera el nacimiento de su primer hijo en octubre. De nacer en territorio estadounidense, su hijo tendría derecho automático a la ciudadanía, como establece la Constitución.

La demanda subraya que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda y respaldado por una sólida tradición jurisprudencial. Se describe como un “tesoro” constitucional que no puede ser eliminado mediante una orden ejecutiva presidencial. La decisión del juez Laplante representa un revés significativo para los intentos del gobierno de modificar este principio fundamental de la ley migratoria estadounidense.