El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.
La situación financiera en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no solo representa un robo a los fondos públicos, se trata, además, de un atentado contra la salud pública del pueblo dominicano, y un golpe directo a la credibilidad del gobierno dominicano y su supuesta lucha contra la corrupción.
Mientras desde Palacio se proclaman discursos sobre transparencia y rendición de cuentas, los hechos muestran que los fondos destinados a proteger la salud del pueblo son desviados sin el mayor reparo.
Y lo peor es que esos hechos delictuales se venían dando bajo la mirada permisiva de quienes deberían garantizar transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.
En pocas palabras, mientras el gobierno proclama que combate la corrupción, casos como SENASA muestran que el mensaje y la acción están divorciados, y la población es la que paga las consecuencias, sobre todo en términos de riesgo sanitario y pérdida de confianza en las instituciones.
Mientras se gastan recursos en publicidad y discursos, los mecanismos de controles fallan, y los responsables del desfalco quedan prácticamente intocables. La impunidad se convierte en política de Estado, y los ciudadanos son los que pagan las consecuencias.
Es imperativo que se implementen reformas profundas en las instituciones encargadas de la salud y la seguridad social, y que se garantice la independencia y eficacia del sistema judicial para que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
Cuando la corrupción alcanza el corazón de la salud pública, no hay excusa ni justificación, se pone en riesgo la vida de quienes menos tienen y se erosiona la confianza en las instituciones del Estado.
Obligación
El gobierno dominicano tiene la obligación urgente de sancionar a los responsables y fortalecer los controles internos, para que casos como este no se repitan. De lo contrario, la corrupción continuará siendo un obstáculo para el desarrollo y bienestar del pueblo dominicano.
La ciudadanía exige no solo explicaciones, sino acciones contundentes que restauren la confianza y garanticen que los fondos destinados a la salud lleguen realmente a quienes los necesitan.
El actual gobierno ha mostrado, hasta ahora, una incapacidad alarmante para controlar estas prácticas. La intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas, anulando contratos irregulares, solo confirma que los mecanismos de supervisión son insuficientes y que la corrupción en SENASA estaba programada para prosperar.
El pueblo dominicano no puede seguir pagando con su salud los caprichos y la corrupción de quienes deberían protegerla. Este robo no podrá quedar impune. Cada funcionario y proveedores involucrados deberán responder ante la justicia, y cada contrato irregular debe ser revisado y auditado sin excepción.
SENASA debe dejar de ser un botín para funcionarios inescrupulosos y volver a ser lo que era antes: un sistema de salud eficiente, transparente y confiable.
Los dominicanos no vamos a tolerar que mientras unos pocos se enriquecen, millones sufran las consecuencias de la corrupción. La vigilancia ciudadana será implacable y la presión política continuará hasta que se haga justicia.
Mientras el gobierno continúe tratando la corrupción como un espectáculo mediático en lugar de un problema real, casos como el de SENASA seguirán desnudando la hipocresía del poder.
Exigir transparencia, sanciones ejemplares y reformas profundas no es solo una exigencia ética, es una necesidad para garantizar la seguridad y la salud de la población.
jpm-am
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