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POR LUIS M. GUZMAN
La guerra en Medio Oriente volvió a recordar algo que República Dominicana conoce desde hace décadas, pero rara vez discute en tiempos normales, crecer económicamente no es lo mismo que volverse resistente. Mientras el petróleo se mantuvo manejable, el país pudo sostener una combinación de expansión económica, subsidios y gasto creciente sin demasiadas tensiones visibles. Pero cuando el barril sube, el presupuesto empieza a revelar lo que normalmente permanece escondido.
Eso explica por qué una crisis geopolítica terminó desembocando en una discusión sobre impuestos, subsidios y recortes internos. El aumento del petróleo no se queda en las estaciones de combustible. Entra al transporte de mercancías, presiona la generación eléctrica, encarece alimentos y termina golpeando el costo de operar al propio Estado. Lo que comenzó como una tensión internacional terminó entrando por la puerta del presupuesto nacional.
La respuesta oficial ha sido una combinación de subsidios, congelamiento temporal de precios y una propuesta para recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos adicionales. La lógica política detrás de esa decisión es fácil de entender, ningún gobierno quiere trasladar de golpe un choque energético a los hogares. El problema aparece cuando el monto que se busca recaudar comienza a parecerse demasiado al costo de seguir conteniendo artificialmente los precios.
Ahí cambia completamente la conversación. Porque entonces ya no se trata únicamente de recaudar más para fortalecer al Estado, sino de conseguir recursos para que el impacto no llegue completo al consumidor. En otras palabras, una parte importante del esfuerzo tributario podría terminar financiando la capacidad del Gobierno para mantener estabilidad de corto plazo. Eso no es necesariamente incorrecto. Lo que merece discusión es si eso equivale realmente a una reforma.
El paquete tiene decisiones políticamente cuidadosas. Evita tocar el ITBIS, no amplía impuestos sobre consumo masivo y concentra el esfuerzo en empresas grandes y segmentos de mayores ingresos. También introduce alivios parciales para clase media y pequeñas empresas. Todo eso reduce resistencia social. Pero hay una diferencia importante entre construir una propuesta que genere menos rechazo y construir una que corrija debilidades estructurales.
Y ahí aparece el primer silencio relevante. El Gobierno habla de gastar mejor, pero evita hablar con claridad de gastar menos donde más pesa. Se anuncian ajustes en viáticos, publicidad, eventos, combustible institucional y compras no esenciales. Son medidas visibles y relativamente populares. Sin embargo, no hay una discusión proporcional sobre el crecimiento del gasto corriente permanente ni sobre la sostenibilidad del tamaño del aparato estatal.
Nómina
La nómina pública merece detenerse un momento. No porque reducir empleados sea automáticamente correcto ni porque el Estado deba operar como una empresa privada, sino porque llama la atención que en casi todas las crisis aparezcan recortes administrativos mientras el componente más rígido del gasto permanece fuera del centro del debate. Revisar estructuras, funciones duplicadas y crecimiento burocrático tiene costos políticos. Precisamente por eso suele postergarse.
Algo parecido ocurre con la publicidad estatal. En circunstancias normales puede defenderse como herramienta de comunicación pública. Pero en un contexto donde se pide sacrificio fiscal y se justifican nuevos ingresos extraordinarios, es razonable preguntar si toda la inversión comunicacional responde realmente a necesidades institucionales o si parte de ella termina funcionando como posicionamiento político financiado desde el presupuesto.
El segundo gran silencio está en los subsidios y exenciones. Durante años el país ha construido capas sucesivas de incentivos, alivios y tratamientos especiales que rara vez se revisan de manera integral. Algunos tienen sentido económico; otros sobreviven más por inercia que por resultados comprobables.
El problema aparece cuando se pide recaudar más sin explicar con igual rigor cuánto deja de ingresar el Estado por beneficios que casi nunca vuelven a evaluarse.
La propuesta de sustituir subsidios generalizados por subsidios focalizados probablemente sea una de las ideas más razonables del paquete. Pero focalizar no consiste solo en mover dinero de una columna a otra. Exige identificar beneficiarios, evitar capturas y aceptar que algunos sectores que históricamente recibieron apoyo podrían perderlo. Ahí es donde normalmente empiezan las presiones y donde muchas reformas pierden profundidad.
Lo que esta crisis terminó revelando es algo más incómodo que el precio del petróleo. Mostró que el modelo dominicano todavía depende demasiado de una secuencia conocida, subsidios para contener impactos, nuevos ingresos cuando aparece presión fiscal y financiamiento cuando el espacio presupuestario se agota. Funciona mientras el contexto ayuda. Cuando deja de ayudar, las preguntas pendientes vuelven a aparecer.
Por eso la discusión de fondo no debería ser si el Gobierno necesita recaudar más. La pregunta más útil sería otra: ¿hasta dónde está dispuesto a reformarse antes de pedirle más recursos al país?
Porque si se incrementan ingresos sin revisar gasto estructural, subsidios acumulados, exenciones históricas, eficiencia institucional y prioridades presupuestarias, existe el riesgo de que esta crisis termine resolviéndose igual que otras, comprando tiempo, no corrigiendo vulnerabilidades.
jpm-am
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