EFE- La Corte Suprema de Justicia llamó este martes al presidente colombiano, Gustavo Petro, a que dé una declaración por escrito como parte del proceso que sigue el máximo tribunal contra seis congresistas involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La petición la hizo el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, quien ha indagado la actuación de los congresistas que hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el caso de corrupción de la estatal UNGRD.

La notificación señala que, como parte de la investigación «se ordenó recibir declaración al presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, mediante certificación jurada» por medio de un cuestionario.

Guillermo Moreno, líder político y exfiscal del Distrito Nacional, expresó su firme oposición al reglamento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el cual considera un riesgo para la transparencia y una puerta abierta a la impunidad.

El reglamento, que limita el acceso a la información sobre personas involucradas en procesos penales, fue calificado por Moreno como incompatible con los derechos constitucionales de libertad de información y acceso público a los datos judiciales, que son fundamentales para el sistema democrático.

“No es posible conciliar este reglamento con el carácter público del proceso penal”, afirmó, subrayando que los delitos penales afectan a toda la sociedad, y la pena es una forma de resarcir no solo a la víctima sino a la sociedad, por lo que el acceso a la información sobre los responsables de violar la ley penal es un derecho de la ciudadanía y un reglamento no puede colocarse por encima de la Constitución y suprimir este derecho.

El Dr. Moreno señaló que la iniciativa de la SCJ podría convertirse en un escudo para proteger a los implicados en casos de crímenes de cuello blanco y de narcotráfico, que son los criminales que tienen mayor interés en que no se les identifique por sus nombres y apellidos para evadir la sanción social por sus actos delincuenciales.

“Lo que está planteando este reglamento, de adoptarse inaugurará una nueva forma de impunidad en el país, beneficiando a los que más daño hacen al tejido social”, advirtió.

Presunción de inocencia y precisión procesal

Guillermo Moreno argumentó que lo que si fuera importante es que se reglamente la forma en que se informa sobre el estatus procesal de las personas involucradas en un caso penal, refiriéndose a ellas con precisión de su condición procesal porque no es lo mismo “un imputado” que “un acusado” que “un condenado en primer grado” o que “un condenado en segundo grado”, para solo citar las situaciones más comunes.

En todos estos casos debe exigirse que se precise que se les ha de presumir inocentes hasta que no opere una sentencia definitiva.

Hacer estas precisiones cuando se sirven informaciones procesales evitarían juicios mediáticos que pudieran dañar la reputación de personas sin una sentencia definitiva que establezca su culpabilidad.

Un llamado a la reflexión y a la acción.

El Dr. Moreno concluye planteando a la SCJ y a los responsables de elaborar políticas públicas descartar este reglamento y que prioricen la transparencia en el sistema de justicia. Según Moreno, ocultar la identidad de los implicados no solo erosiona la confianza en las instituciones, viola derechos sino que contribuye con la impunidad.

Guillermo Moreno reiteró su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de un sistema judicial transparente y justo, debiendo la ciudadanía mantenerse vigilante ante este tipo de iniciativas que podrían socavar principios fundamentales de la democracia.

La Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Santo Domingo informó la captura por separado de cuatro hombres vinculados a delitos graves, en operaciones realizadas en conjunto con la Policía Nacional y organismos internacionales, reafirmando su compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

En el primer caso, Andy Rodríguez Mercado fue detenido en el Aeropuerto Internacional del Cibao mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Nueva York. Rodríguez Mercado era requerido mediante una orden de arresto emitida por la Fiscalía de Santiago. Tras su captura, fue entregado al Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), siguiendo los protocolos legales establecidos y confirmando previamente su buen estado de salud mediante una certificación médica.

Por otra parte, Hamye Luis Peralta Colón, acusado de secuestro y homicidio en perjuicio de Carlos Daniel Rosario Ruiz, fue extraditado desde Bogotá, Colombia. Peralta Colón era buscado mediante una Notificación Roja emitida en agosto de 2024, por un hecho ocurrido el 9 de agosto de 2023 en el municipio de Los Alcarrizos.

En colaboración con la Dirección General de Migración, INTERPOL Santo Domingo también deportó al ciudadano checo Pavel Basl, requerido por las autoridades de su país por delitos de fraude e infracción de derechos de terceros. Basl fue detenido en el Aeropuerto Internacional Las Américas mientras intentaba viajar a Praga con escala en Madrid.

Finalmente, Julio César Franco Marte fue capturado por oficiales de INTERPOL cuando intentaba salir del país en el vuelo 310 de la aerolínea JetBlue con destino a los Estados Unidos. Franco Marte tenía activa una alerta migratoria emitida por INTERPOL.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para responder por los cargos que enfrentan. 

La Policía Nacional e INTERPOL Santo Domingo destacan la importancia de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y reafirman su compromiso con la justicia y la seguridad de la ciudadanía.