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Por: Rafael Ramírez Medina
La motocicleta es, sin duda, uno de los principales motores de la economía dominicana y el sustento de cientos de miles de familias. Sin embargo, las motocicletas ya representan el 57 % del parque vehicular nacional y resulta imposible ignorar cómo se han transformado en el instrumento predilecto para la delincuencia y en la mayor causa de muerte violenta en nuestras calles.
No se trata de una percepción, las estadísticas oficiales son devastadoras. Según los boletines de seguridad ciudadana del país, más del 70 % de los robos y atracos se cometen utilizando motocicletas, convirtiéndolas en el arma móvil de la impunidad urbana.
De forma paralela, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportó que las motocicletas concentran 7 de cada 10 muertes por siniestros viales en el territorio nacional. Vivimos una epidemia de violencia y luto sobre dos ruedas.
Hasta ahora, el abordaje gubernamental se ha limitado a resoluciones tibias, operativos mediáticos de control y normativas que caen en el olvido por la falta de un verdadero régimen de consecuencias. El país está saturado, la ilegalidad reina en las vías y la ciudadanía ya no exige parches, sino decisiones de fondo, contundentes y estructurales.
Internacional
Experiencias internacionales demuestran que, ante crisis severas de seguridad e hipertrofia vehicular, se necesitan medidas drásticas. Países de América Latina y Asia han tenido que aplicar intervenciones profundas que sirven de referencia.
Ciudades en China frenaron drásticamente la entrada de motocicletas a gasolina, estableciendo techos de circulación y control de importación e incentivando el transporte masivo para evitar la parálisis urbana y combatir el crimen.
Colombia y Honduras implementaron en sus momentos de mayor crisis la prohibición de transportar un segundo pasajero en zonas urbanas críticas. Esta sola medida redujo drásticamente los atracos y asesinatos por encargo bajo la modalidad de dobles tripulantes.
En varias metrópolis latinoamericanas se exigió por ley que el número de matrícula esté visible en tamaño legible en el casco y en chalecos reflectivos, identificando al conductor de inmediato.
Una propuesta de tres ejes para nuestro país, el primer paso contundente debe ser frenar temporalmente la importación de motocicletas. El parque sobre dos ruedas ha desbordado cualquier capacidad de fiscalización estatal; seguir importando sin control es equivalente a seguir echando agua a una bañera desbordada. Es momento de congelar el parque automotor, auditar el inventario existente y poner orden en lo que ya está en las calles
En segundo lugar, se debe establecer una diferenciación obligatoria y estricta según el uso del vehículo. No puede seguir transitando en el mismo limbo jurídico la moto de uso personal, el motoconcho, el servicio de delivery y la mensajería empresarial.
Medidas
Para ello, se proponen tres medidas:
- Diferenciación visual y registro por categoría: Cada modalidad debe exigir una placa o rotulación distintiva, con colores específicos e identificación visible. La motocicleta debe responder a un propósito registrado y autorizado.
- Prohibición de pasajero en uso privado y comercial: Las motocicletas destinadas a transporte personal (de la casa al trabajo), mensajería y delivery deben tener prohibido transitar con un acompañante. Si una moto de este tipo lleva a una segunda persona, debe ser causal inmediata de retención e inspección policial.
- Formalización rigurosa del motoconcho: Los únicos autorizados para transportar pasajeros en dos ruedas deben ser los motoconchistas debidamente carnetizados, organizados en paradas fijas y provistos de chalecos que muestren su número de ficha y placa.
Pero para llevar esto a cabo se necesita voluntad política, nada de esto servirá si las instituciones encargadas de aplicar la ley no ejercen una fiscalización severa y sin contemplaciones. Las leyes no fallan por su redacción, sino por la falta de voluntad para hacerlas cumplir.
República Dominicana ya no necesita más llamados a la prudencia. Se requiere una política integral de mano firme.
Congelar la importación, clasificar el uso, eliminar el anonimato y sancionar con rigor al infractor. El trabajador honesto merece ejercer su labor sin ser confundido con un delincuente, pero la ciudadanía merece, por encima de todo, recuperar el derecho de caminar por las calles sin el constante temor al sonido de un motor.
jpm-am
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