Los señores de la sombra (2)

El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

Para comprender la magnitud de lo expuesto, basta observar un solo dato; un entramado encabezado por Munir Manuel Kury Hazoury, junto a sus empresas Inversiones Q-Tek y Tingley Business SRL, logró controlar el 78% de las licitaciones del Plan Social en los ultimos años. Cuando un grupo domina casi todo el abastecimiento estatal, no estamos ante eficiencia; estamos ante un monopolio silencioso, legalizado en apariencia, pero corrosivo hasta la médula.

Esta colusión no es un error administrativo, es un modelo económico criminal, más peligroso que el narco porque opera dentro de la ley y bajo el sello del Estado. Los narcotraficantes usan violencia; estos usan firmas, pliegos y sellos oficiales. Sus armas son los requisitos manipulados y los contactos internos. Y su campo de batalla es el bolsillo del pueblo.

Cuando el Estado —el mayor comprador del país— paga sobreprecios, esos precios se vuelven referencia. Así, lo que empezó como una licitación amañada se convierte en inflación cotidiana. El ciudadano no sabe que su compra en el colmado está afectada por una decisión tomada en un escritorio, pero así funciona este cartel, silencioso, técnico, devastador.

Un mercado sano necesita diversidad, pero un mercado capturado produce miedo y sumisión. Muchas PYMES dejaron de competir porque sabían que el juego estaba escrito para favorecer al bloque vinculado a Kury y a empresas como Empresas Integradas SAS, propiedad de Edmond Elías Barnichta. Cuando la competencia muere, la calidad se desploma y el pueblo paga más por menos.

El ejemplo de los precios inflados lo resume todo, el Estado pagó 1,476 pesos por una caja de aceite en una licitación, pero 2,276 en otra manipulada. Esa diferencia no es técnica ni accidental. Es saqueo institucional disfrazado de trámite. Es hambre disfrazada de contrato. Es una familia pagando más porque un grupo decidió enriquecerse sin riesgo.

Y aquí está lo que hace este cartel más corrosivo que el narcotráfico, ellos no enfrentan policías, fiscales ni persecución real. Se mueven con protección institucional, con la complicidad —directa o tácita— de funcionarios que acomodan pliegos, filtran información o simplemente “no ven”. Son parásitos legales incrustados en el sistema, drenando recursos desde adentro.

El narco opera desde la sombra; este cartel opera desde oficinas públicas. El narco altera territorios; este cartel altera presupuestos nacionales. El narco busca dinero rápido; este cartel busca permanencia, continuidad y poder estructural. Por eso son más peligrosos,  porque capturan instituciones completas, no solo barrioada sobreprecio estatal se transforma en deuda pública. Esa deuda genera intereses. Y esos intereses los pagamos todos, con menos hospitales, menos educación, menos seguridad y menos oportunidades.

En términos estrictos, este cartel económico ha causado mayor daño estructural al país que muchos narcopolíticos juntos. Por eso los gobiernos, sin importar color, terminan dependiendo de esta red. Necesitan su logística, sus vehículos, sus almacenes, su financiamiento de campaña y su capacidad para “resolver”. La dependencia es tan profunda que los convierte en árbitros del poder, funcionarios van y vienen; ellos permanecen.

Desmontar esta estructura no es un acto administrativo; es una cirugía mayor al sistema político. Implica romper pactos, tocar financistas, enfrentar operadores y abrir expedientes que podrían comprometer a figuras de alto nivel. Por eso la lista de nombres públicos es corta. Por eso los demás siguen en la sombra.

Pero ahora la luz entró. Por primera vez, la población entiende que esta colusión no es técnica, es parasitaria. No es puntual, es sistémica. No es un caso aislado, es un Estado paralelo que funciona drenando recursos, subiendo precios y obligando al país a endeudarse para sostener privilegios privados. Su daño no es visible, pero se siente en cada factura.

Así cierra esta segunda parte, con una verdad que duele, cuando un solo grupo controla el 78% de las compras del Estado, no es el gobierno quien manda sobre los contratos; son los contratos quienes mandan sobre el gobierno. Y mientras esa ecuación no cambie, el dominicano seguirá pagando más, viviendo peor y financiando, sin saberlo, a los Señores de la Sombra que gobiernan desde la oscuridad

jpm-am.

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