La impunidad del acusador

El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

En la madrugada del 14 de agosto de 2025, el país despertó con la sentencia del caso «Antipulpo». Hubo titulares, discursos y triunfalismos. El Ministerio Público celebró parcialmente, señalando “luces y sombras” en la decisión. Los vocingleros oficialistas pusieron todo su empeño en hacer que la opinión pública se quede con la imagen de un Alexis Medina condenado.

Pero detrás de esa narrativa oficial hay un hecho que debería escandalizarnos aún más: alrededor de trece (13) personas fueron descargadas, después de haber sido arrastradas durante años por un proceso que ahora se revela infundado para ellas.

¿Quién paga por esa persecución injusta? ¿Quién se hace responsable de que esas personas fueran presentadas ante la sociedad como delincuentes, estigmatizadas en sus comunidades, arruinadas en lo profesional y en lo personal, y ahora simplemente “descargadas” como si nada hubiera pasado? El Ministerio Público, que pretende erigirse como estandarte en la lucha contra la corrupción, parece blindado contra sus propios errores y abusos.

Porque no hablamos aquí de un simple fallo probatorio, sino de acusaciones lanzadas sin pruebas significativas, sostenidas durante años, con medidas de coerción que afectaron libertades y patrimonios, y que ahora se caen por completo. Y, sin embargo, ningún fiscal será investigado, procesado ni sancionado por haber actuado de esa forma.

Este es el lado oscuro de la justicia mediática: las conferencias de prensa, las carpetas de colores, los apodos burlescos, y las imputaciones masivas que generan aplausos… hasta que llega el juicio, y la realidad desnuda las debilidades, o la temeridad, del expediente. Pero entonces el daño ya está hecho.

Violación grave

En cualquier Estado que se respete, someter injustamente a un ciudadano es una violación grave de sus derechos fundamentales.

En la República Dominicana, debería ser un delito de abuso de autoridad y persecución temeraria, castigado con la misma severidad con que se persigue la corrupción. Pero aquí, cuando el Ministerio Público se equivoca o actúa con ligereza, el costo lo paga la víctima, no el acusador.

Es hora de romper ese pacto tácito de impunidad. Un Ministerio Público independiente no solo debe tener poder para acusar, sino también estar sometido a control y rendición de cuentas cuando ese poder se utiliza mal. De lo contrario, la institución que juró defender la legalidad se convierte en la primera en pisotearla.

Porque en este caso, mientras unos celebran condenas, otros cargan con la cicatriz imborrable de una acusación injusta. Y hasta que no tengamos un sistema que juzgue también al acusador, la justicia seguirá siendo coja, y el poder de perseguir seguirá siendo, peligrosamente, un poder sin castigo.

Nuestra Constitución y nuestras leyes prevén mecanismos para sancionar a fiscales que actúan con abuso de autoridad. Sin embargo, la realidad es que estos mecanismos son lentos, opacos y muchas veces inoperantes.

Una justicia que no castiga el abuso desde adentro está condenada a perder legitimidad. Y una sociedad que acepta pasivamente que el Ministerio Público actúe sin control, no debe sorprenderse cuando el miedo reemplace al respeto y la arbitrariedad sustituya al derecho.

En la República Dominicana necesitamos con urgencia un verdadero contrapeso al Ministerio Público: un régimen de responsabilidad personal y directa que no solo contemple sanciones internas, sino también la obligación de resarcir los daños ocasionados.

Porque el poder de acusar es uno de los más peligrosos que un Estado puede delegar, y si no se ejerce con rigor y honestidad, se convierte en un arma de destrucción de vidas. Mientras eso no ocurra, el lema que reza “el Ministerio Público actúa en nombre de la sociedad” será, para muchos, una cruel ironía.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.