EL AUTOR es ingeniero y periodista. Reside en Santo Domingo.
La reciente respuesta del presidente Luis Abinader en La Semanal frente a la pregunta sobre la paralización de 92 expedientes de pago a contratistas con deudas viejas ha dejado más interrogantes que certezas.
El mandatario claramente evadió responder al tema central planteado al limitarse a contestar que en su gobierno han cobrado algunos contratistas que han cumplido con los soportes y que no se les puede pagar a quienes no cumplen.
Al presidente Abinader no se le preguntó si algunos contratistas habían cobrado y su respuesta evasiva es un síntoma preocupante de cómo se ha manejado un tema que toca la legalidad, la transparencia y, sobre todo, la dignidad de decenas de profesionales que llevan años esperando el pago por obras que ya sirven a la sociedad.
Además de la respuesta evasiva el jefe del gobierno incurrió en un error al que fue inducido por mentiras que le han dichos los funcionarios acerca de que los contratistas no cumplen con los requisitos que tiene el Ministerio de Hacienda para tramitar los pagos.
El Comité Institucional Codiano (CIC) ha denunciado en reiteradas ocasiones que los contratistas no son quienes incumplen requisitos; son las instituciones estatales las que han perdido documentos públicos indispensables para que el Ministerio de Hacienda procese los pagos.
Pese a ello, algunos funcionarios han insistido en sostener la versión contraria, induciendo al Presidente a errar y a reproducir un relato falso: que los contratistas carecen de soportes válidos.
Distorsión
Esa distorsión no solo manipula la percepción presidencial, sino que también encubre la responsabilidad del propio Estado en la desaparición de documentos que debieron estar bajo custodia oficial.
Se recuerda que el CIC formalizó una denuncia ante la PEPCA para que se investigue la desaparición de documentos públicos de las instituciones contratantes y sin embargo ninguna institución ha dado una explicación o asumido un rol activo, como exige la ley.
En cualquier democracia madura, una acusación de este calibre ameritaría acciones inmediatas y transparentes. Aquí, en cambio, ha predominado el silencio.
Otro aspecto que no puede pasar inadvertido es que, en cinco años de gestión, el Presidente no ha empoderado mediante decreto ni orden administrativa a un equipo jurídico capaz de establecer el estado legal de esas deudas y reconstruir los expedientes.
El temor a pagar sin soportes no se justifica cuando existen contratos firmados y obras en funcionamiento, mientras que la omisión de actuar revela una falta de voluntad política que termina lesionando la confianza ciudadana en el discurso de transparencia del gobierno.
No se trata solo de dinero. Estamos hablando de profesionales, muchos de ellos septuagenarios, que han visto deteriorarse su patrimonio mientras esperan un pago que el Estado, moral y legalmente, debe honrar.
Once de ellos ya han fallecido sin cobrar y cada evasiva presidencial prolonga ese drama humano y confirma que, para este gobierno, la justicia contractual no ha sido prioridad.
La evasión del Presidente no lo exime de responsabilidad; al contrario, la agrava y si los funcionarios han mentido y lo han inducido a error, la respuesta debió ser clara: ordenar una investigación, empoderar jurídicamente a un equipo y resolver de una vez por todas el tema de las deudas. Lo contrario es perpetuar la impunidad administrativa.
En democracia, el poder no se mide solo por lo que se promete, sino por la capacidad de cumplir lo firmado y de respetar la palabra empeñada. Los contratistas del CIC no piden favores: reclaman justicia.
jpm-am
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