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POR YANET GIRON
La escuela pública no es solo un edificio donde se imparten clases; es el lugar donde miles de niños encuentran la oportunidad de construir un futuro diferente. Para muchas familias, representa la única esperanza de que sus hijos alcancen una vida mejor a través de la educación.
Resulta preocupante que algunos actos de vandalismo y robo contra estos centros ocurran desde el propio entorno donde están ubicados. Lo más contradictorio es que, en ocasiones, quienes participan en estas acciones también tienen hijos, familiares o personas cercanas que dependen de esa misma escuela para formarse.
No es razonable exigir más cupos, mejores instalaciones, equipos tecnológicos y una educación de calidad, mientras se destruyen aulas, se sustraen materiales o se deteriora un patrimonio que pertenece a toda la comunidad. Cada daño cometido termina afectando a quienes menos responsabilidad tienen: los estudiantes.
Igual de preocupante es el silencio de quienes conocen lo que ocurre y prefieren no actuar por miedo o por indiferencia. Una comunidad que calla frente al deterioro de su escuela termina debilitando el principal espacio donde se forman los ciudadanos del mañana.
También merece reflexión la facilidad con que, en ocasiones, se justifica o se defiende a quienes atentan contra los bienes públicos. Cuando se protege la conducta incorrecta en lugar de proteger la educación, el mensaje que reciben las nuevas generaciones es profundamente equivocado.
Ningún país puede aspirar al desarrollo si permite que sus escuelas sean vistas como lugares fáciles de saquear en vez de espacios que deben resguardarse entre todos. La educación requiere inversión, pero también compromiso, vigilancia y responsabilidad ciudadana.
Defender una escuela pública es defender el derecho de cada niño a aprender, crecer y soñar. El progreso de una sociedad no comienza cuando exige más derechos, sino cuando también asume el deber de cuidar aquello que garantiza el futuro de todos.
jpm-am
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