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Justicia

Mimilo: Cobros en Calamar siguieron aún después de la campaña del 2020

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El empresario Ramón Emilio Jimenez Collie, una de las personas propuestas como testigo por el Ministerio Público en el caso de las supuestas irregularidades cometidas en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno pasado, declaró que parte de las operaciones que realizaron, continuaron aún después de la campaña política de 2020, debido a que había que cubrir un faltante.

Durante el interrogatorio que le practicó el Ministerio Público en abril de 2022, a cargo de Wilson Camacho, como titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Yeni Berenice, directora de Persecución, el empresario dice haber entregado miles de millones de pesos al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. También que el dinero lo entregó por orden del exministro de Hacienda Donald Guerrero.

“Se hizo una operación, no puedo precisar en estos momentos con cuántos expedientes, pero digo una operación porque sé que tenía un único motivo, ese motivo era porque supuestamente había un rojo, es decir, un faltante que había quedado de la campaña”.  Señala que en ese caso fueron a la oficina del candidato de entonces, Gonzalo Castillo (a llevar el dinero) y que el exministro Donald Guerrero le indicó que estaba haciendo eso por requerimiento de Gonzalo Castillo.

Jiménez también ofreció detalles de cómo se organizó el cobro de dinero a varios establecimientos para beneficio particular. 

Contó que presentó un proyecto al exministro Guerreo, con quien tenía una amistad que se afianzó a partir del año 2012, con el que pretendía regularizar las bancas de loterías y apuestas y las máquinas tragamonedas en los colmados.

Dicho proyecto lo habría organizado junto con Fernando Crisóstomo, otra las personas que tiene como testigo el Ministerio Público en el caso contra las 20 personas detenidas durante la Operación Calamar.

Jiménez Collie dijo que del proyecto se colectaban entre 25 millones y 30 millones de pesos al mes, y que solo en la primera etapa, él, Crisóstomo y José Arturo Ureña se repartieron unos seis a siete millones de pesos, entre los tres.

Indicó que el exministro Guerreo tenía conocimiento de las operaciones y que, en una ocasión le pidió el nombramiento de una persona para facilitar las operaciones que realizaban.

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