Santo Domingo.- El abogado Pedro José Duarte Canaán ha solicitado la reactivación del caso de Paula Santana Escalante, cuyo expediente fue archivado provisionalmente. Durante una rueda de prensa, Duarte comentó que el Ministerio Público actúa como una «agencia ejecutiva estatal que aplasta a los vulnerables y protege a los criminales de cuello blanco».

Paula Santana, quien trabajaba en la zona franca de las Américas en Santo Domingo Este, fue hallada sin vida en una alcantarilla, lo que ha suscitado demandas de justicia por parte de su familia y la comunidad.
Duarte enfatizó la importancia de interrogar a los propietarios de la empresa y a los supervisores que podrían tener información relevante sobre el caso.

Entre las acciones propuestas por el abogado se incluyen el análisis del celular de la víctima, específicamente su iPhone 11, para rastrear las últimas comunicaciones, así como realizar una ilustración forense de las llamadas entrantes y salientes. Además, sugirió regresar a la escena del crimen y examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona franca.

Duarte criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que ha fallado en su deber de protección hacia las víctimas y la sociedad dominicana. “Se está enviando un mensaje preocupante sobre la falta de representatividad en la justicia”, afirmó, añadiendo que el caso de Paula es un ataque no solo a ella, sino a toda la comunidad.

El abogado también expresó su disposición a colaborar con las familias de las víctimas y su compromiso de trabajar en la investigación, resaltando la percepción de un «clasismo» en el sistema judicial que afecta la confianza de la población. “Si la víctima hubiese sido una joven de un estrato social privilegiado, todas las agencias del Estado estarían tras esa investigación penal”, señaló, subrayando que todos los involucrados deben ser tratados de manera equitativa, independientemente de su estatus social o económico.

Durante su intervención Duarte instó a que se tomen medidas urgentes para garantizar que la justicia sea accesible y equitativa para todos, advirtiendo sobre las implicaciones de un sistema judicial que favorece a ciertos sectores de la sociedad.

El exdirector de Contrataciones Públicas, Eric Hazim, declaró en A Diario que el Intrant debió de llevar a la justicia a Transcore Latam SRL por el contrato del manejo de la red de semáforos en el Gran Santo Domingo por RD$1,317 millones.

“Faltó voluntad política para suspender el contrato, no se hizo, sino que se le dio continuidad”, manifestó

Señaló que además se estableció irresponsabilidad por las irregularidades y violaciones en el contrato de semaforización entre Intrant y transcore en el que se denunció corrupción.

Eric Hazim puntualizó que al momento de Contrataciones Públicas ordenar la suspensión y nulidad del contrato, Intrant debió hacer su ejercicio de rescisión y apoderar la jurisdicción competente que es el Tribunal Contencioso Administrativo.

“Para que de manera definitiva anule el contrato”, acotó.

Expresó que todos los involucrados deben pagar y es “grave” si se generaron pagos posteriores a la decisión de Compras y Contrataciones.

Indicó que debe haber consecuencias para los contratantes, suplidores y los órganos de fiscalización de control y fiscalización del Estado.

“Es que nada puede pasar para pagar a alguien, es decir no se puede pagar un suplidor sin que la Contraloría General de la República diga si es correcto o no el procedimiento de la contratación pública”, expuso. 

La defensa del abanderado del mayor bloque opositor de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, denunció este miércoles la violación al derecho a “la presunción de inocencia” del líder antichavista, a quien “se le han precalificado delitos” con base en una investigación que “se anunció hace poco”.

“Se le está ya prácticamente considerando culpable iniciando un proceso penal, una investigación penal que se anunció hace poco, el 23 de agosto”, dijo el abogado del opositor, José Vicente Haro, frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas, a donde acudió a entregar un escrito con las razones de la inasistencia de González Urrutia –sobre quien pesa una orden de captura– a las tres citaciones emitidas por esta institución.

El MP señala a González Urrutia de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”, según las citaciones publicadas por el ente fiscal en redes sociales.

Haro explicó que en el documento dirigido a la Fiscalía se señalan “todas las razones” constitucionales y jurídicas por las que “no se ha producido una comparecencia” de González Urrutia, debido al “grado de indefensión en el que se encuentra”, entre otros factores, por la precalificación de delitos.