El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó este jueves una nueva ley que impone penas de entre 25 y 30 años de prisión a quienes respalden sanciones internacionales contra el país. 

Además, establece inhabilitaciones de hasta 60 años para los dirigentes que apoyen estas medidas.

“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”, recoge uno de los artículos de esta ley, Aprobado por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para reforzar las sanciones.

El texto estipula multas que sobrepasan el millón de dólares.

La ley castiga también con idénticas penas a “toda persona que promueva, instigue, solicita, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza” contra el país caribeño.

La legislación venezolana responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas. El texto necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar con vigor.

La legislación en discusión en el congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerada ” ilegítimo” por Washington, o con cualquier otro “no reconocido como legítimo”.

Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela en su intento por sacar del poder a Maduro, proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato (2025-2031) entre denuncias de fraude de la oposición.