SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoció el pasado viernes 17 de octubre, una audiencia de apelación sobre la medida de coerción que pesaba contra varios imputados del caso Operación Lobo.
Según una fuente judicial, varios de los acusados resultaron favorecidos con la variación de la medida de arresto domiciliario, la cual fue sustituida por garantías económicas e impedimento de salida del país.
Los beneficiados con esta decisión fueron Carlos Ambrosio Robles Díaz, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Ernesto Vicioso Bocio, Elías Caamaño Pérez y Yorbin Eufracio Aybar, a quienes el tribunal impuso una garantía económica de 500 mil pesos y la prohibición de salir del territorio nacional.
Sin embargo, la variación no favoreció a los imputados que habían firmado acuerdos con el Ministerio Público, quienes continuarán bajo arresto domiciliario. Estos son Quilvio Rodríguez, Andrés Pacheco Varela, Bolívar Fernández, Ramón Quezada y Wellington Peralta, de acuerdo con la misma fuente.
SOBRE EL CASO LOBO
Se recuerda que la operación se desarrolló por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte).
También fueron víctimas de la alegada red delictiva, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Dirección General de Persecución y la Pepca adelantaron que la investigación, que llevó al arresto de 14 personas, inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
En las próximas horas el Ministerio Público manifestó que estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.
La entrada Imputados de la Operación Lobo logran variación de coerción en caso de sobornos de contratos de seguridad pública se publicó primero en Noticias Telemicro.
SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoció el pasado viernes 17 de octubre, una audiencia de apelación sobre la medida de coerción que pesaba contra varios imputados del caso Operación Lobo.
Según una fuente judicial, varios de los acusados resultaron favorecidos con la variación de la medida de arresto domiciliario, la cual fue sustituida por garantías económicas e impedimento de salida del país.
Los beneficiados con esta decisión fueron Carlos Ambrosio Robles Díaz, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Ernesto Vicioso Bocio, Elías Caamaño Pérez y Yorbin Eufracio Aybar, a quienes el tribunal impuso una garantía económica de 500 mil pesos y la prohibición de salir del territorio nacional.
Sin embargo, la variación no favoreció a los imputados que habían firmado acuerdos con el Ministerio Público, quienes continuarán bajo arresto domiciliario. Estos son Quilvio Rodríguez, Andrés Pacheco Varela, Bolívar Fernández, Ramón Quezada y Wellington Peralta, de acuerdo con la misma fuente.
SOBRE EL CASO LOBO
Se recuerda que la operación se desarrolló por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte).
También fueron víctimas de la alegada red delictiva, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Dirección General de Persecución y la Pepca adelantaron que la investigación, que llevó al arresto de 14 personas, inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
En las próximas horas el Ministerio Público manifestó que estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.