Finjus critica reducción de requisitos para aumento salarial de docentes

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificó como un grave error el acuerdo entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que reduce de 70% a 65% la calificación mínima requerida para que los docentes accedan a un aumento salarial.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que esta medida afecta los esfuerzos por mejorar la calidad educativa en el país, señalando que, a pesar de la inversión del 4% del PIB en educación preuniversitaria, los avances en el sistema siguen siendo limitados.

Castaños Guzmán sostuvo que reducir los estándares para aumentos salariales podría desincentivar el buen desempeño de los docentes. “Si bien reconocemos el derecho de los educadores a reivindicar sus condiciones laborales, la calidad educativa debe ser la prioridad”, expresó.

Finjus instó al Gobierno a priorizar políticas que garanticen la excelencia en la enseñanza, asegurando que cualquier ajuste en la escala salarial debe estar alineado con la meritocracia y el fortalecimiento del sistema educativo.

El jurista señaló que esta decisión podría agravar la desigualdad educativa y perjudicar el futuro de los estudiantes. «Es inadmisible que como Estado permitamos prácticas que socavan la calidad de la educación, especialmente cuando nuestro país ocupa los últimos lugares en evaluaciones internacionales», enfatizó.

Castaños Guzmán hizo un llamado a las autoridades educativas para que evalúen esta decisión y se enfoquen en implementar medidas que promuevan la excelencia académica y la mejora continua de la educación.

Planteó que la República Dominicana está atravesando una inestabilidad en el sistema educativo y que parece ser que no hay régimen de consecuencias contra los actores que, llamados a ofrecer una educación de calidad, se suman masivamente en desacato a sus funciones.

Sostuvo que los vicios del sector educativo lesionan los logros sociales y los avances institucionales que el país ha conquistado y que es necesario que se pondere la integración de reglamentaciones internas que aboquen examinar a profundidad los parámetros educativos sustanciales.

Expresó que ello sólo se traduce en una desmejora continua del desarrollo del Estado y que debe priorizarse el desarrollo armónico e integral para el sustento apropiado de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.