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La disposición del Gobierno de asumir centros educativos religiosos, entiéndase católicos, no ha resultado en gran beneficio para los estudiantes provenientes de familias con pocos ingresos económicos. En lugar de esto, parece que los mayores beneficiarios son los de clase acomodada.
Ese acuerdo del 10 de diciembre de 2015 entre el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado Dominicano deja mal parado a un Estado que debe mostrar mayor preocupación por sus propios planteles, por reparar y construir, en lugar de apadrinar la formación de alumnos que pueden pagar.
La subvención los haría funcionar como públicos, sin paga y el Estado asume la nómina y el mantenimiento de las instalaciones y establece una compensación por alumno, dinero del erario.
Ocurre que muchos están en zonas acomodadas, cuyo poder adquisitivo les permite acceder a educación costosa, donde los pobres no llegan. Otros, como el Mercedes Amiama Blandino, operan en comunidades como La Yagüita de los Jardines, en la capital, minada de carencias y este sí cobra.
En ese lugar, una familia con dos o tres hijos no puede costear la matrícula y además, los que sí pueden porque tienen un solo hijo o por la razón que fuere, no siempre entran porque los niños “no pasan el examen”.
El caso es que ese establecimiento cuenta con autobuses del transporte escolar estatal (Trae) y alimentos, lo que no reciben todos los estatales. Tiene también policías que regulan la entrada y salida de vehículos, que por cierto forman un enrome caos en las calles Central y Primera.
Esto no es equidad, no es justicia, no es garantizar educación a los que menos tienen, es privilegiar a sectores que siempre ganan.
jpm-am
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