En la República Dominicana, la indignación se ha convertido ya en un reflejo automático: estalla con cada tragedia que nos golpea, se hacen eco de ella las autoridades, la expresa el común de los ciudadanos, se multiplica en los medios de comunicación, las redes y luego se disuelve sin arrojar cambios reales.
Mientras tanto, el caos y el desorden permanecen. Y uno de sus rostros más evidentes es, sin lugar a dudas, el Motoconcho: un servicio público de facto que opera, en gran medida, sin regulación ni reglas claras.
Lo que nació como una respuesta a la falta de transporte eficiente en nuestro país, se ha transformado en un sistema paralelo que mueve a miles de ciudadanos cada día. Cumple una función social innegable, eso sí, especialmente en zonas donde el transporte formal no llega.
Pero ese mismo crecimiento, sin control ni regulación efectiva, ha derivado en una peligrosa normalización del caos.
El Motoconcho llena un vacío real, no hay dudas, llega donde otros sistemas no llegan, es rápido y barato. Pero ese mismo crecimiento desorganizado ha traído problemas difíciles de ignorar: accidentes frecuentes, uso del servicio para fines delictivos en algunos casos, y ausencia de garantías mínimas para el usuario.
La realidad en las calles de cualquier ciudad del país es cruda de ver. Motoristas que cruzan semáforos en rojo, que se suben a las aceras obligando a peatones a apartarse, que circulan a alta velocidad entre vehículos, rozándolos sin asumir responsabilidad.
Igualmente, giros prohibidos, tránsito en vía contraria, ocupación desordenada de esquinas como paradas improvisadas, motoristas sin casco, sin identificación, sin placas visibles en muchos casos, operando en cualquier horario, sin que el usuario tenga la menor garantía de seguridad.
¿Quién responde cuando ocurre un crimen? ¿Quién controla a quien está detrás del manubrio? Simplemente, la ley no se respeta porque, a decir verdad, no se hace respetar.
Desorden
Y cuando ese desorden escala y se afianza, las consecuencias son devastadoras. El reciente asesinato de un chofer de camión recolector de basura en Santiago, presuntamente a manos de varios motoristas, ha sacudido la conciencia nacional. La indignación es profunda, pero también reveladora: la sociedad empieza a entender que estos hechos no surgen en el vacío, sino en un contexto de permisividad prolongada.
Aunque, verdaderamente, sería injusto e insensato generalizar, ya que la mayoría de los motoconchistas son trabajadores que buscan el sustento diario con esfuerzo.
Pero también es innegable que la falta de control ha abierto espacio a conductas temerarias, a la impunidad y, en algunos casos, a la violencia y la delincuencia.
Pero el problema, en esencia, no es el Motoconcho en sí, es la ausencia del Estado, el abandono institucional. Durante años, las autoridades han permitido que el Motoconcho crezca sin control, sin registro confiable, sin identificación visible y sin consecuencias claras para quienes violan la ley.
Se anuncian pactos, planes, medidas, se realizan operativos puntuales, pero no existe una política sostenida que ordene de manera definitiva este servicio; pero todo se desvanece, y al final, el desorden vuelve a imponerse con rapidez.
Regular no es eliminar. Regular es organizar, proteger y dignificar. Implica establecer un registro obligatorio de motoconchistas, con identificación clara y verificable, exigir licencia adecuada, certificado de buena conducta, definir rutas y paradas, imponer el uso estricto de casco, y, sobre todo, garantizar que las normas de tránsito se cumplan sin excepciones.
Pero también implica algo más difícil: voluntad política de parte de las autoridades para enfrentar el desorden y la cultura de permisividad. Porque el verdadero problema es ese: donde no hay consecuencias, el desorden se convierte en norma.
Hay que decirlo claro: regular también implica asumir un costo político. Significa enfrentar resistencia, desmontar mafias informales, imponer orden donde por años ha reinado la permisividad. Y eso requiere decisión, no discursos ni promesas.
El crimen de Santiago no puede quedar atrapado en el ciclo habitual de indignación y olvido. Debe marcar un punto de inflexión. No basta con lamentar, no basta con condenar, no basta con reaccionar.
La indignación, por sí sola, no da seguridad, ni mejora la calidad de vida. El orden, sí. Y ese orden solo puede imponerlo un Estado que asuma, de una vez por todas, la responsabilidad que durante años ha evadido.
El país no puede seguir atrapado en el ciclo de indignarse y olvidar. La tragedia de Santiago debe marcar un antes y un después. Porque cuando el desorden se normaliza, la violencia encuentra terreno fértil.
jpm-am
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