Desmantelamiento del SIUBEN

El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.

Desde su creación en 2004, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ha sido una herramienta clave en la lucha contra la pobreza en la República Dominicana. No ha sido perfecto, pero su rol como plataforma técnica para la identificación y clasificación de hogares vulnerables ha permitido orientar la ayuda social de manera más justa, eficiente y transparente.

Sin embargo, los cambios institucionales que han sacado al SIUBEN del Gabinete de Política Social y lo han colocado bajo el paraguas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) marcan, en la práctica, un desmantelamiento silencioso de su autonomía y esencia técnica.

Mediante el Decreto 396‑22, de fecha 20 de julio 2022, se dispuso que, a partir del 1 de enero de 2023, el SIUBEN deje de estar bajo el Gabinete de Política Social y pase a depender directamente del MEPyD con el objetivo de mejorar la calidad técnica de la información y facilitar la planificación territorializada de las políticas sociales.

Al asumir esta nueva forma de dependencia, el SIUBEN se convierte en una entidad descentralizada del MEPyD, enfocada a la recolección y análisis de datos socioeconómicos.

Lo que se presenta como una reestructuración administrativa para “fortalecer capacidades” esconde en realidad una fragmentación peligrosa de la política social. El traslado del SIUBEN al MEPyD ha debilitado su conexión operativa con los demás programas de asistencia.

La desconexión entre la recolección de datos sociales y la implementación de políticas públicas, en el ámbito de lo social, es precisamente lo que puede abrir las puertas al clientelismo, al favoritismo y a decisiones basadas en criterios políticos, más que en realidades objetivas.

El SIUBEN fue creado para servir como un escudo contra la discrecionalidad. Su Índice de Calidad de Vida (ICV) y, posteriormente, el Índice de Vulnerabilidad y Acceso (IVACC), permitían tomar decisiones sociales basadas en evidencias, no en proselitismos políticos.

Pero al reducir su influencia y diluir su autonomía técnica, se debilita uno de los pocos mecanismos que ofrecía garantía de transparencia en la gestión del gasto social.

Agravamiento

La situación se agrava si se toma en cuenta el contexto actual. Mientras se “reorganiza” el SIUBEN, se han reportado múltiples irregularidades en el manejo de los programas sociales: desde los escándalos de fraudes en las tarjetas Supérate, hasta los recién cuestionados programas de subsidios del SENASA.

¿Quién decide ahora quién es pobre y quién no lo es? ¿Qué datos se utilizan? ¿Dónde queda la trazabilidad? ¿A quién rinde cuentas el nuevo SIUBEN?

Este tipo de decisiones, tomadas sin mayor debate público ni evaluación técnica previa, reflejan un problema mayor: la ausencia de visión integral de la política social. Las ayudas sociales no pueden gestionarse como favores ni como herramientas de campaña. Necesitan un sistema robusto, con datos fiables y estructuras independientes. El SIUBEN encarnaba parte de esa promesa.

Hoy, su traslado al MEPyD no representa solo un cambio institucional. Representa una regresión. Una renuncia tácita a la tecnificación de la asistencia social y una peligrosa apertura al manejo político del hambre.

La República Dominicana no puede permitirse retroceder en esta materia. Si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables, entonces hay que defender la autonomía técnica del SIUBEN y su rol estratégico. De lo contrario, estaremos más cerca de la discrecionalidad populista que de la justicia social.

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