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POR LUISANNA LORA PERELLO
La República Dominicana está a las puertas de un nuevo capítulo jurídico. A partir del 3 de agosto de 2026 entrará en vigencia la Ley 74-25, el nuevo Código Penal, promulgado un año antes tras décadas de debates, intentos fallidos y profundas diferencias entre sectores políticos, sociales, religiosos y profesionales.
Durante meses, el país se dividió en torno a temas tan sensibles como las tres causales del aborto, la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, la práctica médica, la corrupción y la responsabilidad penal de los menores. Cada sector defendió sus argumentos con firmeza y convicción.
Y eso es precisamente lo que ocurre en una democracia. Sin embargo, mientras seguía cada discusión, no podía dejar de hacerme una pregunta:
¿No estaremos esperando demasiado de un Código Penal?
Porque un Código Penal puede definir delitos, establecer sanciones y fortalecer el marco jurídico de un país. Puede convertirse en una herramienta importante para combatir la impunidad y proteger derechos.
Pero hay algo que ninguna ley puede hacer.
No puede educar a nuestros hijos. No puede enseñarnos a respetar al que piensa diferente. No puede convertir a un funcionario corrupto en una persona íntegra.
No puede sustituir el ejemplo que debe comenzar en el hogar, continuar en las escuelas y reflejarse en quienes tienen la responsabilidad de dirigir el Estado.
A veces pareciera que cada vez que aprobamos una ley esperamos que, al día siguiente, el país cambie.
Y la realidad demuestra que no funciona así.
Las leyes son indispensables. Sin ellas no existe orden, justicia ni seguridad jurídica. Pero las leyes, por sí solas, no cambian la cultura de una sociedad.
La corrupción no desaparece únicamente porque aumenten las penas. La violencia no termina solo porque existan nuevos tipos penales. La desinformación no se combate únicamente con artículos escritos en un código.
Y el respeto por la libertad de expresión tampoco depende exclusivamente de una norma, sino de la madurez con la que una sociedad aprende a convivir con opiniones distintas.
Ahora que el debate legislativo quedó atrás, comienza el verdadero desafío.
El desafío de aplicar la ley con igualdad. De fortalecer las instituciones. De garantizar que la justicia funcione sin privilegios.
De entender que el cumplimiento de la ley empieza por quienes tienen la responsabilidad de hacerla respetar.
Pero también por cada uno de nosotros.
Porque la calidad de un país no depende únicamente de las leyes que aprueba, sino de la voluntad colectiva de cumplirlas.
La República Dominicana necesitaba modernizar su Código Penal. Eso era una deuda pendiente.
Ahora la tarea es mucho más grande.
Construir una sociedad donde la honestidad no dependa del miedo a una sanción; donde el respeto no nazca de la obligación, sino de la convicción; y donde las instituciones inspiren confianza porque actúan con transparencia y coherencia.
Al final, el país completo no cabe en un Código Penal.
Un país también se construye con educación, valores, instituciones fuertes, ciudadanos responsables y la decisión diaria de hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está mirando.
Porque las leyes pueden marcar el camino. Pero somos nosotros quienes decidimos hacia dónde va el país.
jpm-am
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