Cacerolazos y oposición: ¿estas iniciativas buscan realmente soluciones?

En los últimos días han circulado en las redes sociales convocatorias a cacerolazos en distintos sectores de Santo Domingo, promovidas por dirigentes y simpatizantes de partidos de oposición bajo el argumento del incremento en los precios de algunos productos de la canasta básica y otros bienes de consumo.

Más allá del legítimo derecho ciudadano a manifestarse, conviene preguntarse si estas iniciativas buscan realmente soluciones o si responden, principalmente, a una estrategia de confrontación política.

La República Dominicana funciona bajo un modelo de economía de mercado. En ese sistema, los precios de la mayoría de los bienes y servicios no son fijados directamente por el Gobierno, sino que responden a la interacción constante entre la oferta y la demanda, además de factores como los costos de producción, el transporte, la inflación internacional, las tasas de interés, el comportamiento del dólar y los acontecimientos que afectan el comercio mundial.

Pretender presentar cada aumento de precios como una consecuencia exclusiva de las decisiones gubernamentales simplifica una realidad mucho más compleja. Ninguna economía abierta permanece aislada de las fluctuaciones internacionales. Cuando aumentan los precios del petróleo, de los fertilizantes o de las materias primas, ese impacto termina reflejándose, en mayor o menor medida, en los mercados nacionales.

Por esa razón, convertir el alza de determinados productos en una bandera permanente de agitación política puede generar una percepción distorsionada sobre el verdadero funcionamiento de la economía.

Una oposición responsable tiene el deber de fiscalizar, denunciar posibles irregularidades y presentar alternativas viables, pero también debe actuar con rigor al explicar a la ciudadanía cuáles problemas dependen de las políticas públicas y cuáles obedecen a factores propios del mercado.

Las protestas forman parte esencial de cualquier democracia. Sin embargo, cuando se convocan con argumentos que omiten deliberadamente elementos fundamentales del contexto económico, corren el riesgo de convertirse más en instrumentos de propaganda que en mecanismos efectivos para impulsar soluciones.

En muchas democracias consolidadas, los debates sobre el costo de la vida suelen centrarse en propuestas concretas relacionadas con la productividad, la competencia, la política fiscal, los programas sociales o las cadenas de suministro. Las manifestaciones existen, por supuesto, pero el debate público suele incorporar con mayor frecuencia análisis económicos que distinguen entre los factores internos y los externos que inciden sobre los precios.

Mayor nivel

La sociedad dominicana merece una discusión pública de mayor nivel. Los ciudadanos necesitan información completa para comprender por qué suben o bajan los precios, qué medidas puede adoptar el Gobierno para mitigar esos efectos y cuáles escapan a su control inmediato. Reducir toda esa complejidad a un simple llamado a golpear cacerolas puede generar titulares, pero difícilmente contribuirá a resolver los desafíos económicos.

La oposición desempeña un papel indispensable en cualquier sistema democrático. No obstante, ese papel adquiere mayor legitimidad cuando se ejerce con responsabilidad, sustentado en datos verificables y acompañado de propuestas que puedan mejorar las condiciones de vida de la población. La crítica es necesaria; la simplificación interesada, no.

La República Dominicana necesita menos ruido político y más debate serio. Porque una ciudadanía bien informada toma mejores decisiones, fortalece las instituciones y contribuye a una democracia más madura, donde las diferencias ideológicas se resuelvan mediante argumentos sólidos y propuestas realistas, y no únicamente mediante campañas de agitación que, en ocasiones, pueden terminar alimentando la polarización más que las soluciones.

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