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Desde el momento mismo en que inició su gestión el presente gobierno, la reforma policial se ha querido presentar como uno de sus grandes logros y principal estandarte.
Se han anunciado transformaciones profundas, se han contratado asesores nacionales e internacionales, se crearon comisiones, se celebraron foros y se destinaron miles de millones de pesos del presupuesto nacional con la promesa de construir una Policía Nacional moderna, profesional, eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, la realidad que viven los dominicanos cuenta una historia muy distinta.
La reciente muerte del joven Darlin Mercado en Herrera ha vuelto a sacudir la conciencia nacional y a desnudar una verdad que el Gobierno intenta ocultar bajo una intensa campaña de comunicación: la reforma policial no ha producido los resultados prometidos, a pesar de los miles de millones ($) destinados para tales fines.
Cuando después de tantos recursos invertidos continúan ocurriendo hechos que cuestionan el uso de la fuerza, el respeto al debido proceso y la capacidad institucional para garantizar la seguridad ciudadana, es evidente que el problema no es de percepción, es un problema de gestión, de ejecución y de liderazgo.
El Gobierno ha preferido vender una imagen de transformación antes que presentar resultados medibles. Ha invertido más tiempo en construir un relato que en garantizar que los cambios lleguen a las calles, donde los ciudadanos siguen sintiendo miedo, incertidumbre y desconfianza.
No podemos, bajo ningún concepto, pretender sustituir los procedimientos policiales por procesos de ejecución. Este principio no admite matices ni justificaciones.
La Policía Nacional existe para prevenir el delito, proteger a la ciudadanía, capturar a quienes infringen la ley y ponerlos a disposición de la justicia. Cuando un Estado permite que ese límite se desdibuje, también pone en riesgo los fundamentos del Estado de derecho y de la democracia.
Combatir la delincuencia exige firmeza, pero nunca al margen de la Constitución ni de las leyes. Un gobierno responsable no puede medir el éxito de su política de seguridad por la cantidad de operativos o por las estadísticas que presenta semanalmente.
Debe hacerlo por la confianza que inspire en la población, por la profesionalización de sus agentes y por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
La muerte del joven Darlin Mercado no puede convertirse en una estadística más ni en un episodio pasajero. Debe servir para evaluar con objetividad una reforma policial que, pese a los recursos invertidos, continúa sin ofrecer las garantías que demanda la sociedad dominicana.
El país merece mucho más que discursos optimistas y campañas publicitarias.
Los dominicanos necesitan una reforma policial que produzca resultados reales; instituciones que funcionen con eficiencia y transparencia; agentes comprometidos con el cumplimiento de la ley y un Gobierno que entienda que la confianza ciudadana no se compra con propaganda, sino que se conquista con hechos.
Después de miles de millones invertidos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los resultados?
Esa es la interrogante que el Gobierno aún no ha podido responder de manera convincente. Y mientras no pueda hacerlo con hechos verificables y no con discursos, la reforma policial continuará siendo el ejemplo más evidente de una promesa que consumió enormes recursos públicos sin traducirse en la transformación que esperaba el pueblo dominicano.
jpm-am
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