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POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA
El proyecto de instalar puertos secos en la frontera dominicana ha desatado un debate vital sobre el futuro del desarrollo regional. Mientras el Gobierno lo presenta como la solución definitiva para formalizar el comercio binacional y cerrar brechas al contrabando, los actores locales lo observan con profunda inquietud.
La infraestructura, valorada en cientos de millones, busca atraer inversión privada y modernizar la logística nacional. Sin embargo, el choque entre visiones económicas opuestas exige una mirada mucho más crítica.
Para el Estado, estos nodos logísticos son piezas maestras de una estrategia que busca dinamizar provincias históricamente postergadas.
Al centralizar la inspección y el almacenamiento, se pretende elevar los estándares de seguridad y eficiencia en nuestras exportaciones. Está tecnificacion es, en teoría, un paso necesario para que República Dominicana optimice su intercambio con su segundo socio comercial.
No obstante, la eficiencia macroeconómica no siempre se traduce en bienestar inmediato para quienes habitan el terreno.
Amenaza
Por el otro lado, comerciantes y autoridades de Dajabon , jimani y otras zonas fronterizas alzan su voz contra lo que consideran una amenaza existencial.
Más de cuatro mil familias dependen del intercambio tradicional, una dinámica forjada durante generaciones «a mano pelada» y sin grandes privilegios. El temor generalizado es que la megainfraestructura desplace a los pequeños negocios, concentrando el capital en manos de pocos empresarios.
Para ellos, el progreso no debería implicar el abandono de su sustento histórico.
El conflicto revela una brecha preocupante entre el diseño de políticas públicas desde Santo Domingo y la realidad operativa en la línea divisoria. Los críticos señalan que, si el objetivo es el desarrollo, el Gobierno debería empezar por nivelar las condiciones para todos los sectores.
Marginar a los comerciantes locales no solo es una injusticia económica, sino también un riesgo social latente. Un desarrollo que excluye a su base local corre el peligro de generar más pobreza que prosperidad.
Es imperativo cuestionar si el esquema propuesto bajo el Decreto 166-26 contempla salvaguardas reales para los pequeños y medianos emprendedores fronterizos.
¿Es posible integrar la modernidad aduanera sin sacrificar el tejido social que ha sostenido a estas comunidades? La centralización puede traer orden, pero el orden no debe ser sinónimo de monopolización comercial. La modernización requiere, ante todo, un pacto que incluya a quienes han mantenido la frontera viva por décadas.
La solución probablemente no reside en elegir entre el puerto seco o el comercio tradicional, sino en construir un modelo intermedio y equilibrado. Se requieren políticas que garanticen la participación local, permitiendo que los comerciantes fronterizos se inserten en la nueva cadena de valor.
El Estado debe actuar no como un juez que impone, sino como un facilitador que integra a todos los actores económicos. Solo así la inversión se sentirá como una victoria compartida.
En conclusión, el éxito de la frontera dominicana dependerá de su capacidad para reconciliar sus aspiraciones comerciales con su identidad social. La modernización es necesaria, pero no a cualquier costo ni ignorando las voces que, durante años, han sostenido la economía regional.
Es momento de transformar la disputa actual en una mesa de diálogo constructivo y vinculante. El futuro de nuestra frontera no puede escribirse excluyendo a quienes le han dado forma a través de tanto esfuerzo.
jpm-am
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