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Rafael Trujillo, de cuyo ajusticiamiento se cumplen hoy 65 años, llegó a ser dueño de toda la riqueza material y espiritual de República Dominicana y de la vida de todos sus ciudadanos, de la cual podía disponer cuando se le antojara. Subyugó santos y altares. Así de inmenso era su poder.
Su régimen de terror sentó las bases de lo que sería una sociedad de capitalismo atrasado, pero en términos político y económico el Estado dominicano fungía como una propiedad del sátrapa, de su familia y allegados, incluidos las obras de infraestructura que construyó y las empresas que instaló o permitió instalar.
Ninguno de las prerrogativas fundamentales o accesorias tuvieron vigencia durante ese período infernal que se prolongó por 31 años, desde el derecho a la vida, a la libre expresión del pensamiento, libertad de prensa, de reunión, hasta estudiar, contraer matrimonio, viajar o detentar propiedades.
Todavía hoy se cree que esa satrapía garantizó orden y seguridad en el conglomerado nacional, que nunca llegó a sociedad organizada, sino subyugada, sin que se entienda que lo que prevaleció fue una dictadura que tenia el monopolio del crimen y del robo que lo ejercía con la más absoluta impunidad.
Es mentira que Trujillo promovió la asunción de un Estado capitalista basado en el libre mercado, combinación del capital con la fuerza de trabajo, con superestructura jurídica que alentara competencia empresarial y derecho sindical, aunque construyó carreteras, puentes, escuelas hospitales y edificios públicos.
El 99% de las empresas, desde armería, fábrica de clavos, de papel, ingenios azucareros, agroindustria, línea aérea, agencias de vehículos, hasta el monopolio en las importaciones y exportaciones de bienes, eran propiedad de Trujillo, pero también las fincas, calles, avenidas, carreteras y los hogares de todos los dominicanos.
El día que lo iban a matar, Trujillo visitó dos veces a la base aérea de San Isidro para inspeccionar el arreglo de una tubería rota, lo que refleja el acendrado concepto de propiedad que el tirano tenía sobre el Estado y sus ciudadanos, al punto que poseía control sobre el más mínimo detalle de su funcionamiento.
La falsa narrativa que aun prevalece en un amplio segmento de la sociedad dominicana, de que cuando Trujillo se vivía mejor o que ese régimen garantizaba
seguridad ciudadana, obedece a que a aun no se logra un auténtico estadio de justicia, equidad y observancia plena de la ley y de los derechos ciudadanos, pero aun así, nunca más la República reeditará ese período de oprobio.
jpm-am
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