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La República Dominicana es un país privilegiado por su geología. Bajo su suelo descansan reservas de oro, plata, zinc y también cobre, un metal estratégico para el desarrollo tecnológico y energético del siglo XXI. Antes del inicio de la explotación moderna en la mina de Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, se estimaba que el yacimiento contenía alrededor de 450 millones de libras de cobre.
Es decir, una riqueza suficiente para impulsar industrias, infraestructuras y bienestar colectivo. Sin embargo, la paradoja dominicana es dolorosamente evidente: mientras poseemos cobre a escala industrial, hoy lo “producimos” en las calles a través del delito.
En múltiples provincias del país se ha vuelto recurrente el robo de medidores eléctricos. Los delincuentes los sustraen para extraer sus componentes internos, principalmente bobinas y conductores de cobre, que luego venden en el mercado informal de metales. Este fenómeno no es un hecho aislado ni menor: afecta directamente a familias, comercios y al sistema eléctrico nacional, generando pérdidas económicas, interrupciones del servicio y riesgos de seguridad.
El contraste es brutal. Por un lado, contamos con uno de los depósitos minerales más importantes del Caribe, explotado con tecnología de punta y bajo contratos internacionales. Por otro, presenciamos una minería urbana clandestina, primitiva y destructiva, donde el cobre se obtiene rompiendo equipos públicos y privados. Es como si un país petrolero perforara tanques de gasolina en lugar de refinar su propio crudo.
Este fenómeno revela problemas estructurales más profundos. Primero, la persistencia de economías informales vinculadas al reciclaje de metales sin trazabilidad. Segundo, la debilidad en la persecución de los mercados receptores, porque el robo existe solo si alguien compra lo robado. Y tercero, la ausencia de una política integral que conecte la riqueza mineral nacional con oportunidades económicas reales para la población más vulnerable.
El cobre, además, es hoy uno de los metales más codiciados del mundo debido a la electrificación global, las energías renovables y la movilidad eléctrica. Cada panel solar, cada vehículo eléctrico y cada red inteligente lo necesita. Paradójicamente, mientras el mundo compite por asegurar su suministro, nosotros lo perdemos en pequeños fragmentos arrancados de la infraestructura cotidiana.
No se trata solo de delincuencia común; es también un síntoma de desigualdad, de falta de control institucional y de desconexión entre la riqueza del subsuelo y la realidad social de la superficie. Un país rico en cobre no debería ver a sus ciudadanos arriesgar prisión —o la vida— por unos gramos extraídos a martillazos de un medidor eléctrico.
La solución no pasa únicamente por más patrullaje o sanciones más duras, aunque ambas sean necesarias. Requiere regulación estricta de las chatarrerías, sistemas de trazabilidad de metales, sustitución de equipos vulnerables por diseños que reduzcan su vulnerabilidad y, sobre todo, oportunidades económicas que hagan que delinquir no resulte más rentable que trabajar.
La historia dominicana ha demostrado que los recursos naturales pueden ser bendición o maldición, dependiendo de cómo se administren. El cobre de Pueblo Viejo podría simbolizar progreso, modernización y soberanía energética. Pero cuando ese mismo metal reaparece convertido en botín de pequeños saqueos urbanos, lo que refleja es un fracaso colectivo.
Somos ricos en cobre, sí. Pero si seguimos permitiendo que la riqueza se evapore en forma de robos, mercado negro y deterioro de servicios esenciales, terminaremos siendo un país que, teniendo tanto bajo tierra, se conformó con arrancarlo de sus propias paredes.
Porque al final, la pregunta no es cuánto cobre tenemos… sino por qué lo estamos robando nosotros mismos.
jpm-am
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