POR LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ
El ethos del Estado Constitucional moderno radica en la protección efectiva de los derechos de las personas y su dignidad. Así lo establecen tanto nuestra Carta Sustantiva como los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos suscritos por nuestro país.
Uno de los derechos fundamentales que nuestra norma normarum protege (y definitivamente el más importante) es el derecho a la vida. Sin embargo, ese mismo Estado que tiene la obligación de protegerlo es muchas veces el que atenta en su contra.
Esto lo vemos con los llamados «intercambios de disparos», eufemismo siniestro que utilizamos para no decir ejecuciones extrajudiciales, porque esto último suena a épocas pasadas que supuestamente superamos.
Las ejecuciones extrajudiciales, que es como hay que llamarlas, constituyen un estupro a nuestra Constitución, la cual protege la vida de todos los dominicanos y dominicanas, sin importar si son delincuentes o no. Y, si las autoridades consideran que alguien ha violado nuestras normas, lo que procede es someterlo a la justicia. Defender lo contrario puede llevarnos a estadios premodernos.
Muchos se rasgan las vestiduras cuando se habla de las tres causales, y dan el grito al cielo y proclaman que la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte, pero luego celebran en las redes sociales cuando un «delincuente» cae abatido en manos nuestra flamante Policía Nacional.
De ahí que defendamos a capa y espada la Constitución en ciertos casos, mientras que para otros la pisoteamos sin ningún rubor. Quiero que respeten mis derechos, pero el de los demás no; quiero vivir en un Estado garantista pero que sólo aplique para los míos, para los otros el terror de las huestes policiales. Y eso, desde que el Mundo es Mundo, se conoce con dos palabras: doble moral.
jpm-am
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