El año 2026 ha estado marcado por nuevas presiones inflacionarias que han repercutido sobre el costo de los alimentos, los combustibles, la energía eléctrica y otros bienes y servicios esenciales para las familias dominicanas. Aunque la inflación constituye un fenómeno económico de alcance internacional, sus efectos se sienten con mayor intensidad en los hogares de ingresos bajos y medios, cuyos salarios no siempre evolucionan al mismo ritmo que el costo de la vida.
La combinación de los elevados costos energéticos, las tensiones geopolíticas, las dificultades en las cadenas internacionales de suministro y los costos internos de producción y comercialización ha creado un escenario de incertidumbre económica. Sus consecuencias trascienden las estadísticas macroeconómicas y se manifiestan diariamente en la pérdida del poder adquisitiva de los consumidores.
Los indicadores del Banco Central de la República Dominicana confirman esta preocupación. En octubre de 2026, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.58 %, una inflación acumulada de 3.53 % durante los primeros diez meses del año y una tasa interanual de 5.14 %. Esta última supera ligeramente el límite superior del rango meta de inflación establecido por la autoridad monetaria, de 4 % ± 1 %.
El transporte en los alimentos y bebidas no alcohólicas estuvieron entre los principales componentes que impulsaron el incremento de los precios durante octubre 2026. Esto evidencia la estrecha relación entre los costos energéticos, la movilidad de mercancías y el abastecimiento de productos de primera necesidad.
Los combustibles y la presión sobre los precios.
Un elemento adicional de preocupación lo constituye la decisión gubernamental de mantener congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio semanal no supere los RD$1,500 millones. El Gobierno ha estimado que el subsidio podría alcanzar RD$50,000 millones al cierre de 2026.
Aunque esta disposición procura proteger a los consumidores de las fluctuaciones internacionales del petróleo y evitar mayores presiones sobre los costos de transporte y producción, también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal, transparencia y aplicación.
La Ley 112-00 sobre Hidrocarburos y su reglamento establecen un mecanismo de determinación de los precios basado en la paridad de importación, los impuestos y los márgenes de comercialización. Por consiguiente, considero necesario que las autoridades expliquen cómo se aplicará ese mecanismo durante el período de congelamiento, cómo se contabilizarán los subsidios y de qué manera se trasladarán a los consumidores las eventuales reducciones de los precios internacionales.
Los alimentos y el deterioro del poder adquisitivo.
La preocupación de la población se hace evidente cuando los ciudadanos visitan supermercados, colmados y mercados públicos. Los precios de los productos esenciales aumentan, mientras los ingresos de numerosos hogares permanecen prácticamente estancados o crecen a un ritmo inferior al costo de sus necesidades básicas.
Al observar la evolución de algunos productos de consumo cotidiano, se identifican incrementos considerables entre 2022 y octubre de 2026. Según los levantamientos de precios que hemos consultado de Pro Consumidor, la libra de arroz selecto pasó de aproximadamente RD$21 a más de RD$56; la libra de pollo, de RD$48 a RD$85; el plátano, de RD$15 a RD$30 por unidad; el guineo, de RD$3 a RD$7; y el huevo, de RD$6.50 a RD$10.50 por unidad. También se reportan precios de RD$123.10 por libra para la carne de cerdo y RD$139.95 para la carne de res.
Estas cifras deben interpretarse considerando que los precios pueden variar según la calidad, el establecimiento, la presentación y la ubicación geográfica. No obstante, constituyen una referencia de las dificultades que enfrentan los consumidores para mantener sus niveles habituales de compra.
En este contexto, resulta particularmente importante observar el comportamiento de los precios internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe de noviembre de 2026, informó que su índice mundial de precios de los alimentos descendió 1.2 % en octubre respecto al mes anterior, aunque permaneció 5.9 % por encima del nivel registrado en octubre de 2025.
La canasta familiar frente a los salarios.
Uno de los indicadores más reveladores de la situación económica de los hogares es el costo de la canasta familiar. Según las estadísticas del Banco Central, su valor promedio nacional alcanzó RD$50,255.05 en octubre de 2026, frente a RD$47,796.81 en octubre de 2025. Esto representa un incremento anual de RD$2,458.24, equivalente a 5.14 %.
Si comparamos este resultado con septiembre de 2022, cuando la canasta familiar promedio se situaba en RD$42,482.58, encontramos que el costo actual es aproximadamente 18.3 % superior. Se trata de un incremento considerable que ha reducido la capacidad de compra de numerosos hogares.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se contrasta con los salarios mínimos vigentes desde febrero de 2026. Los trabajadores de empresas grandes reciben RD$29,988 mensuales; los de empresas medianas, RD$27,489.60; los de pequeñas empresas, RD$18,421.20; y los de microempresas, RD$16,993.20.
Esto significa que incluso el salario mínimo correspondiente a las empresas grandes representa apenas alrededor del 60 % del costo promedio de la canasta familiar nacional. En las microempresas, la proporción desciende a aproximadamente 34 %.
Una preocupación que trasciende las fronteras nacionales.
La presión sobre los precios constituye también un desafío para América Latina y el Caribe. El Banco Mundial, en sus perspectivas económicas de octubre de 2026, proyecta un crecimiento regional de apenas 2.2 %, lo que refleja un entorno de expansión moderada y vulnerabilidad ante los choques externos.
En consecuencia, la República Dominicana debe prestar atención no solamente a la evolución de su inflación, sino también a su competitividad regional, al costo de los alimentos, a la dependencia de las importaciones y a la capacidad de los salarios para sostener el consumo de los hogares.
Se requieren respuestas económicas responsables.
Frente a esta realidad, urge que las autoridades otorguen atención prioritaria al encarecimiento de los productos de primera necesidad y a la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias. Se necesita una política económica integral que contemple el fortalecimiento de la producción agropecuaria nacional, la reducción de los costos de transporte y comercialización, una mayor transparencia en la formación de precios, la vigilancia efectiva de las prácticas especulativas y el fortalecimiento de los programas de protección social.
La verdadera estabilidad económica no consiste solamente en mantener el crecimiento del PIB o controlar los indicadores macroeconómicos; consiste, sobre todo, en garantizar que los ingresos de las familias sean suficientes para vivir con dignidad.
of-am
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