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El dominicano que llena el tanque, compra alimentos o paga el transporte está sintiendo las consecuencias de conflictos que ocurren a miles de kilómetros. Las guerras pueden parecer lejanas en el mapa, pero sus efectos encuentran rápidamente el camino hacia el presupuesto familiar.
Para una economía importadora de petróleo y combustibles como la nuestra, la incertidumbre internacional exige prudencia. Cuando suben los costos de la energía, aparecen presiones sobre el transporte, la producción y los precios. El Gobierno debe decidir cuánto absorbe el presupuesto y cuánto termina pagando el ciudadano. Ninguna de esas opciones sale gratis.
Pero el problema mundial desborda las estaciones de combustible. Al encarecimiento de la vida se suman el deterioro de la seguridad, la expansión del narcotráfico y la desconfianza hacia instituciones que parecen responder con menos velocidad que las organizaciones criminales.
Costa Rica merece especial atención. La llamada Suiza de Las Américas inauguró el 14 de octubre una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, con capacidad para 5,100 reclusos y una inversión de 35 millones de dólares. Que un país identificado durante décadas con la estabilidad llegue a esa respuesta debería hacernos reflexionar sobre la rapidez con que puede deteriorarse la tranquilidad.
Guatemala acaba de sufrir el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa. En Perú, la presidenta Keiko Fujimori anunció un comando unificado de militares y policías contra la delincuencia.
Ecuador continúa enfrentando altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado. Son realidades distintas, pero muestran una dificultad común: preservar la autoridad del Estado frente a estructuras que acumulan dinero, armas y capacidad de intimidación.
Francia aporta otra advertencia. Las protestas del 17 de octubre contra el costo de la vida estuvieron acompañadas de incendios, saqueos y ataques a edificios públicos y privados. El reclamo social y la violencia requieren respuestas diferentes: escuchar las demandas legítimas y perseguir los delitos. Confundirlos agrava la crisis y debilita la confianza.
RD: observar
República Dominicana debe observar ese escenario sin alarmismo, pero también sin complacencia. La estabilidad necesita instituciones capaces de anticiparse, investigar y sancionar. El narcotráfico encuentra oportunidades donde fallan los controles y prospera cuando consigue protección o indiferencia.
En el frente económico, la presión ya tiene una dimensión considerable. El presidente Luis Abinader proyectó para 2026 unos RD$100,000 millones de subsidio eléctrico y RD$40,000 millones para combustibles. Son RD$140,000 millones destinados a amortiguar costos que, trasladados íntegramente a consumidores y empresas, producirían mayores dificultades.
Conviene precisar algo: esa suma corresponde a electricidad y combustibles; no equivale exclusivamente a ayudas focalizadas para familias pobres. Tampoco el aumento de subsidios demuestra, por sí solo, que las cifras de pobreza sean falsas. Una transferencia puede evitar precisamente que un hogar caiga en ella. La discusión seria exige conocer beneficiarios, resultados y costos.
Eso no libera al Gobierno de explicar cómo sostendrá esas obligaciones. Cada peso comprometido reduce el espacio disponible para otras necesidades. Y una familia que depende permanentemente de asistencia sigue expuesta, aunque haya superado estadísticamente una línea de pobreza.
Gobernar en estas condiciones demanda inteligencia para administrar recursos, firmeza frente al crimen y honestidad para reconocer límites. También exige convertir crecimiento en empleos e ingresos que permitan vivir con menos dependencia.
Nadie puede adivinar cuánto durará esta incertidumbre. Lo que sí sabemos es que cruzar los dedos nunca ha sido una política pública. La tranquilidad dominicana merece algo más sólido que confiar en que la próxima crisis ocurra lejos.
jpm-am
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