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POR JULIO CASADO
Cuando en la República Dominicana nos vendieron la famosa Ley 87-01 a principios de los años dos mil, nos pintaron pajaritos en el aire asegurándonos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) serían el salvavidas de nuestra vejez.
Nos dijeron que cada peso descontado de la quincena iba a crecer seguro para que, al final de la jornada laboral, el trabajador dominicano pudiera retirarse con tranquilidad y dignidad. Pero más de dos décadas después, la realidad que se vive en la calle es muy distinta: el sistema se ha convertido en una alcancía gigante donde el pueblo pone los cuartos a la fuerza y un grupito muy selecto es el que realmente goza de la fiesta.
Quincena tras quincena, al empleado de a pie le mochan su sueldo sin preguntarle si está de acuerdo o si le alcanza para el supermercado. Ese dinero sale del sudor de la gente que madruga en el tapón, que coge lucha en una zona franca, en una oficina o en un comercio, soñando con algún día descansar.
Sin embargo, desde su misma creación hasta el sol de hoy, el manejo de esos fondos ha dejado muchísimo que desear, funcionando más como un negocio financiero privado a prueba de pérdidas para sus administradores que como una verdadera seguridad social para el trabajador.
Lo más indignante del caso es ver hacia dónde van a parar esos cientos de miles de millones de pesos acumulados bajo la mirada de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). En vez de traducirse en beneficios palpables para los dueños reales de ese capital, los recursos de las pensiones se han utilizado históricamente para apalancar y engordar los negocios de grandes empresarios. Con el cuento de las inversiones y el desarrollo económico, el dinero del retiro de los dominicanos termina sirviendo de capital barato para que los mismos grupos económicos de siempre sigan ampliando sus imperios.
Y aquí es donde entra el famoso juego de ser juez y parte que tanto molesta a la ciudadanía. No es ningún secreto que detrás de la estructura financiera del país existen empresarios con enorme peso e influencia directa o indirecta sobre estas AFP y los grupos que las controlan.
Esa cercanía ha permitido que, a lo largo de los años, el dinero de los trabajadores termine financiando empresas y proyectos donde esos mismos empresarios tienen participación, acciones o intereses directos, todo vestido con un traje legal para que parezca normal lo que a todas luces es un conflicto de intereses del tamaño de la Catedral.
Peor aún es la forma en que se sueltan esos millones cuando hay padrinos de por medio. Mientras la ley establece en el papel reglas estrictas y topes sobre las áreas restringidas de inversión, en la práctica se han canalizado préstamos y colocaciones millonarias en favor de compañías vinculadas a sectores influyentes sin exigirles ni por asomo el rigor que deberían cumplir.
Se arman trajes a la medida, fideicomisos o emisiones de deuda donde se flexibilizan las condiciones, pasando por alto los requisitos mínimos de riesgo y garantías que deberían proteger sagradamente el patrimonio de los futuros pensionados.
Póngase usted, ciudadano común o pequeño comerciante, a pedir un préstamo en cualquier banco del país para levantar un negocito: le piden hasta el acta de nacimiento de su abuela, un garante solidario, título de propiedad y unos intereses que le quitan el sueño. En cambio, cuando se trata de empresas donde participan figuras con influencia dentro del engranaje de las AFP, los millones fluyen en bandeja de plata, a plazos cómodos y con tasas preferenciales financiadas nada más y nada menos que con el ahorro obligatorio de la clase trabajadora.
Esta situación no es un accidente de ayer, sino el resultado de una mala administración sostenida desde que arrancó el sistema hasta el día de hoy. Durante años se ha permitido que las AFP cobren comisiones jugosas pase lo que pase con la rentabilidad real del afiliado, mientras la gestión de los fondos prioriza la liquidez de las grandes corporaciones y el endeudamiento estatal por encima del bienestar de la gente. Si una inversión sale mal o rinde poco por malas decisiones administrativas, las administradoras nunca pierden; el golpe siempre lo absorbe la cuenta individual del trabajador.
Todo esto camina de la mano de un tráfico de influencias que se ha vuelto costumbre dentro del sector. Las puertas giratorias, los amarres entre élites económicas y la tibieza de quienes deberían fiscalizar con mano dura han creado un ecosistema donde nadie le pone el cascabel al gato. Las malas influencias pesan más que el interés público, y cada vez que se habla de reformar el sistema para transparentar el uso de los fondos o cortar los privilegios, aparecen las presiones desde arriba para que todo siga exactamente igual.
El resultado de este desorden administrativo y de tanto favoritismo lo vemos hoy en la cara de nuestros viejitos. Cuando un dominicano llega a la edad de retiro tras décadas cotizando, se topa con mil trabas burocráticas o con la amarga sorpresa de que la pensión que le toca no le da ni para comprar las pastillas de la presión. Da grima ver a gente que trabajó toda su vida recibiendo chelitos de pensión, mientras sus ahorros sirvieron durante veinte años para financiar proyectos multimillonarios de empresarios que ya tenían la vida resuelta.
Ya está bueno de que el sudor del pueblo dominicano siga siendo la caja chica de unos cuantos privilegiados con influencias en las AFP. Los fondos de pensiones no son propiedad de los banqueros ni de los empresarios conectados, sino de cada hombre y mujer que se faja día a día a levantar este país.
Urge limpiar la administración de estos recursos, acabar de raíz con el tráfico de influencias y los préstamos entre amigotes, y garantizar de una vez por todas que ese dinero cumpla su único propósito legítimo: asegurar una vejez digna para sus verdaderos dueños.
jpm-am
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