Escuchar artículo
Por FRANCISCO ML. ORTEGA
La inmunidad parlamentaria no fue creada para colocar a un legislador por encima de los demás ciudadanos, ni mucho menos para otorgarle una licencia que le permita hacer y deshacer a su antojo. Su verdadero propósito es proteger el ejercicio de la función legislativa, no convertir una posición pública en un privilegio personal.
Nuestra Constitución, en su artículo 85, establece que los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen durante las sesiones parlamentarias. Esto significa que un senador o diputado puede formular denuncias, cuestionar actuaciones gubernamentales, señalar irregularidades y expresar posiciones firmes desde su tribuna, amparado por esa protección constitucional.
Pero una cosa es proteger la voz y otra muy distinta proteger los excesos.
La propia Constitución contempla otras garantías relacionadas con el ejercicio de la función legislativa y establece procedimientos particulares para determinadas actuaciones contra senadores y diputados. Esas prerrogativas deben entenderse como garantías de la función parlamentaria, no como privilegios personales.
En buen dominicano, ocupar una curul no significa tener un pase libre para hacer lo que a uno le dé la gana.
Un legislador sigue siendo un ciudadano como usted y como yo. Tiene derechos, pero también obligaciones. Debe respetar las leyes, las normas de convivencia, las instituciones y, sobre todo, la dignidad de las personas.
Hay algo que considero fundamental: quien recibe la confianza del pueblo para elaborar las leyes tiene una responsabilidad moral todavía mayor de respetarlas.
No podemos pretender construir una sociedad organizada, respetuosa y apegada a las normas si quienes tienen la responsabilidad de legislar no son los primeros en demostrarlo mediante sus actuaciones.
El compromiso con la sociedad no termina cuando concluye una sesión del Congreso. Continúa en las calles, en las instituciones públicas, en las relaciones personales y en cada manifestación de conducta ciudadana.
Un legislador debe comprender que su investidura lo acompaña, pero no lo convierte en superior a nadie.
La verdadera autoridad no se demuestra levantando la voz, imponiendo condiciones o recordándoles a los demás el cargo que se ocupa. Se demuestra con educación, prudencia, humildad y respeto.
El respeto no se impone con una credencial legislativa; se gana con el comportamiento.
Quienes ocupan posiciones electivas deben recordar que no llegaron allí por derecho propio. Fue la voluntad popular la que les otorga esa responsabilidad.
Y ese mismo pueblo observa sus actuaciones, escucha sus manifestaciones públicas y evalúa la coherencia entre lo que prometieron y lo que hacen.
No basta con pronunciar grandes discursos sobre democracia, justicia y respeto si, al salir del hemiciclo, nuestras actuaciones contradicen esos principios.
La ciudadanía tiene derecho a esperar de sus representantes una conducta ejemplar. No se trata de exigirles perfección, porque todos somos humanos y cometemos errores. Se trata de exigirles responsabilidad, sensatez y disposición para reconocer cuando se equivocan.
La inmunidad parlamentaria no debe confundirse con impunidad. La Constitución establece, además, reglas particulares sobre la jurisdicción competente para conocer determinados procesos contra legisladores. Eso no significa que estén por encima de la ley ni exentos de responsabilidad.
Al final, será el ciudadano, mediante su valoración y su voto, quien decida si aquel representante fue merecedor de la confianza depositada y si merece recibirla nuevamente.
Nuestra democracia necesita legisladores capaces de levantar su voz con firmeza cuando las circunstancias lo ameriten, pero también ciudadanos ejemplares que sepan escuchar, respetar y convivir.
La inmunidad parlamentaria es una garantía constitucional, no una patente para los excesos.
Quien tiene la responsabilidad de hacer las leyes debe ser el primero en dar ejemplo de cómo respetarlas.
Y que nunca se nos olvide algo tan sencillo como profundo: el cargo es pasajero, la condición de ciudadano es permanente y el respeto a los demás no admite privilegios.
jpm-am-am
Compártelo en tus redes:
