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En todos los países del mundo hay déficit de viviendas. Cualitativos y cuantitativos. En República Dominicana se han reparado más de 70 mil viviendas en los últimos 5 años (15% del déficit cualitativo que representa el 73% del déficit total) y se han construido unas 16,500 vivienda a través de los programas Mi Vivienda y Familia Feliz, ambas ejecutadas por el MIVHED, mediante fideicomisos, donde participan el sector privado y el gobierno, que incluyen importantes subsidios estatales y financiamiento hipotecario al alcance de familias de bajos ingresos.
Esto no incluye las construcciones privadas de bajo costo y otras reparaciones habitacionales ejecutadas por diversos organismos estatales. Sin embargo, reducir la brecha entre la oferta y la demanda de vivienda de bajo costo, especialmente en lo cualitativo, requiere años de trabajo y muchísima inversión.
España tiene un problema similar: la oferta crece menos que la demanda, y la oferta de viviendas públicas también, mientras los precios se alejan de la capacidad de pago de muchas familias. El turismo, donde España es número dos en el mundo, y los estudiantes extranjeros, que llegan en manada, agrava ese desequilibrio, encareciendo los alquileres y empujando a la población a vivir en zonas periféricas y alejada de los centros urbanos.
La crisis en España con el tema de la vivienda explota por un caso, aparentemente aislado. El de la señora Maricarmen Abascal, en Madrid, cuyo desalojo fue el detonante de las recientes protestas.
Maricarmen, de 87 años, vivía bajo un contrato de renta firmado por su padre en 1956. El conflicto se centró en si podía continuar ese contrato después del fallecimiento de sus padres. Según la información publicada, los propietarios sostuvieron que una segunda subrogación no era válida y los tribunales finalmente le dieron la razón.
Mientras ella pagaba 500 euros mensuales, la propiedad reclamaba 2,650 euros para un nuevo contrato de alquiler en la exclusiva zona del Retiro. La imagen de una anciana sacada en camilla de la vivienda que pagaba sagradamente y donde había vivido durante siete décadas, convirtió ese conflicto particular en un símbolo de la crisis habitacional.
Aun así, la propiedad pagaba un alquiler 5 veces menor al precio actual del mercado y el contrato ya no estaba vigente. ¿Qué hubiera hecho el gobierno dominicano para proteger el derecho de propiedad en un caso similar?
Entregarle una vivienda a la anciana de 87 años dentro del programa Mi Vivienda y pagar una renta de unos 180 dólares mensuales (unos 11 mil pesos con los subsidios gubernamentales). Eso garantiza los derechos de los propietarios y salvaguarda a una envejeciente de quedar desprotegida aunque tenía recursos para pagar 500 euros.
Para aplacar la indignación causada por este hecho, el gobierno español optó por presentar dos decretos al Congreso para aliviar el impacto del impago de los inquilinos y su desalojo hasta el 2030, evitando que familias vulnerables quedaran sin vivienda, aunque afectara a los propietarios. Ambos decretos tenían muchas otras disposiciones respecto a los alquileres que violaban el derecho de propiedad: El congreso los rechazó.
Sin embargo, fue la decisión correcta. Una excesiva protección de los inquilinos trasladaba demasiadas obligaciones y riesgos a los propietarios, violando sus derechos, y podía reducir fuertemente la oferta de alquiler y la inversión privada en vivienda, afectando la economía española.
jpm-am
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