El millón de dólares de la JCE que nadie quiere explicar

Hay casos que por el monto parecen menores y por el mensaje son enormes. El acuerdo de la Junta Central Electoral para pagar US$964,000 a Latin Events, LLC, es uno de ellos.

No es solo un pago. Es una confesión. La JCE acepta pagar más de lo que un tribunal federal de Nueva York la condenó a pagar. La condena era de US$838,337.50 más intereses. El acuerdo es de US$964,000. Es decir, US$125,000 más. Si usted pierde un juicio y termina pagando más de lo que el juez le ordenó, algo anda muy mal en la negociación, en la defensa o en la gestión que originó la deuda.

Y como se trata de dinero público, pagar no basta. Hay que aclarar, identificar responsables y sancionar.

LA HISTORIA QUE NO CUADRA

Vamos a los hechos. En octubre de 2023, a pocos meses de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024, la JCE firma un contrato por US$1 millón con una empresa llamada Latin Events, LLC, para una campaña de registro de votantes dominicanos en Nueva York y estados cercanos.

El voto en el exterior es importante. Nadie lo discute. En 2024 votaron más de 400,000 dominicanos fuera del país. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania concentran la mayor diáspora. Promover el registro allí es una función legítima de la JCE.

El problema no es el qué, es el cómo.

Según la sentencia del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la JCE solo pagó US$230,000. Dejó de pagar US$770,000. La empresa demandó. La JCE perdió. El juez la condenó a pagar US$838,337.50 más intereses. En lugar de pagar la condena, la JCE entró en una disputa para evitar la ejecución en Estados Unidos, acumulando costos legales en dos países.

Ahora, tres años después del contrato original, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, le comunica al director de Latin Events, Félix Cabrera, que pagará US$964,000 en cinco cuotas: US$300,000 a más tardar el 1 de octubre de 2026 y cuatro cuotas de US$166,000 entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. El pleno autorizó la transacción el 17 de septiembre.

El abogado de la empresa, Julio Cury, dice que el acuerdo confirma la posición de su cliente. Claro que la confirma. Cobrará casi todo el contrato original más un extra.

La pregunta que la JCE no ha respondido es elemental: ¿qué recibió el país por ese millón de dólares?

LAS PREGUNTAS QUE LA JCE DEBE RESPONDER

Un contrato de US$1 millón para promover el voto en el exterior debe tener entregables medibles. No estamos hablando de un afiche y dos cuñas de radio.

¿Dónde está el informe de ejecución? ¿Cuántos operativos de registro se hicieron, en qué condados, en qué fechas, con cuántas personas registradas? ¿Qué medios se contrataron en Nueva York? ¿Qué evidencia audiovisual existe? ¿Quién supervisó desde la JCE ese trabajo en territorio estadounidense?

Si la empresa cumplió, ¿por qué la JCE solo pagó US$230,000 y dejó de pagar? ¿Hubo un informe de incumplimiento? ¿Hubo una comunicación formal de rescisión? ¿O simplemente se dejó de pagar y se dejó que el caso escalara?

Si la empresa no cumplió, ¿por qué ahora se le paga US$964,000? ¿Por qué se paga más que la condena?

Y la pregunta más delicada: ¿quién es Latin Events, LLC? ¿Qué experiencia tenía en registro de votantes? ¿Cómo fue seleccionada? ¿Hubo licitación, comparación de precios, o fue una contratación directa? ¿Qué vinculación tiene Félix Cabrera con algún funcionario, exfuncionario, partido o consultor vinculado a la JCE en 2023?

Hasta ahora, silencio. El comunicado de la JCE no incluye el contrato, no incluye los entregables, no incluye el expediente judicial. Solo anuncia el pago.

LOS NOMBRES DETRÁS DE LA SIGLA

La JCE no es una abstracción. Es un pleno de cinco miembros con responsabilidad solidaria y funcionarios con responsabilidad directa.

El contrato se firmó en octubre de 2023 bajo la presidencia de Román Jáquez Liranzo. Ese contrato tuvo que ser solicitado por una dirección, revisado por la Consultoría Jurídica, aprobado por la Dirección Financiera y firmado por el presidente. Cada paso tiene un nombre y una firma.

La defensa en Nueva York también tiene responsables. ¿Quién representó a la JCE ante el Tribunal del Distrito Sur? ¿Qué estrategia se siguió? ¿Por qué se permitió que se dictara una sentencia condenatoria sin una defensa efectiva que evitara intereses y costas?

El acuerdo transaccional de ahora también tiene responsables. El pleno del 17 de septiembre autorizó pagar US$964,000. Que se publiquen las actas. Que el país sepa quiénes votaron a favor, quiénes en contra y cuáles fueron los argumentos jurídicos y financieros para aceptar pagar US$125,000 más que la condena.

Sin nombres no hay responsabilidad. Y sin responsabilidad, el mensaje es devastador: en la JCE se puede firmar un contrato de un millón de dólares, ejecutarlo sin transparencia, perder un juicio en Nueva York y terminar pagando casi un millón de dólares sin que nadie responda.

POR QUÉ DEBE HABER SANCIONES

No se trata de cacería de brujas. Se trata de institucionalidad.

Primero, debe haber una auditoría especial de la Cámara de Cuentas sobre este contrato y sobre todos los contratos de promoción del voto en el exterior de 2023 y 2024. No una auditoría rutinaria. Una auditoría forense que revise cumplimiento, precios de mercado y resultados.

Segundo, el Ministerio Público debe abrir una investigación preliminar para determinar si hay indicios de violación a la Ley de Compras y Contrataciones, de malversación o de descuido en el manejo de fondos públicos. Pagar US$964,000 de dinero público sin explicar qué se recibió a cambio no puede quedarse en el ámbito administrativo.

Tercero, la JCE debe aplicar sanciones administrativas internas. Si hubo negligencia en la supervisión del contrato, debe haber amonestación, suspensión o destitución según la gravedad. Si hubo falta en la defensa legal, debe haber consecuencias para la consultoría jurídica. La impunidad administrativa es la que permite que estos casos se repitan.

Cuarto, debe establecerse una consecuencia para el futuro: ningún contrato en dólares para servicios en el exterior puede firmarse sin un informe previo de necesidad, sin comparación de al menos tres ofertas y sin un mecanismo de verificación de entregables en el terreno, con fotos, listados y certificaciones de los consulados.

EL COSTO REAL

US$964,000 a la tasa actual son más de 58 millones de pesos dominicanos. Con ese dinero se compran 1,200 laptops para oficialías, se equipan 300 colegios electorales o se financia el voto en el exterior en varias ciudades.

Pero el costo mayor es la confianza. La JCE es el árbitro. Si el árbitro paga sentencias en Nueva York por contratos opacos, ¿con qué autoridad moral le exige transparencia a los partidos?

El 1 de octubre es la fecha límite para el primer pago de US$300,000 y para formalizar el acuerdo. Esa debe ser también la fecha límite para que la JCE publique el expediente completo. Contrato, adendas, informes de ejecución, sentencia de Nueva York, opiniones legales y actas del pleno.

Pagar sin explicar es esconder. Y en materia electoral, esconder es lo opuesto a lo que debe hacer una Junta Central Electoral.

El país no necesita solo que se cierre un litigio. Necesita saber quién nos metió en él y que no vuelva a pasar.