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POR RAMON JIMENEZ CANELA
El retiro de jueces de trayectoria como el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia pone de manifiesto dos posturas sobre cómo debe funcionar la carrera judicial en sus niveles más altos.
Por un lado, están quienes defienden la inamovilidad y dignidad del cargo, aspirando a una exención o a un trato diferenciado para magistrados con décadas de servicio. Argumentan que someter a jueces de vasta trayectoria a evaluaciones periódicas puede interpretarse como un mecanismo de presión política y una erosión de la estabilidad institucional en la cúspide del Poder Judicial.
En la acera opuesta se encuentran los partidarios del control institucional y la evaluación del desempeño. Estos respaldan el marco constitucional que busca evitar cargos vitalicios automáticos, exigiendo criterios continuos de idoneidad, actualización y desempeño evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
A mi juicio, la institucionalidad judicial solo se fortalecerá con mecanismos de evaluación objetivos, transparentes y libres de sesgos políticos, donde el mérito acumulado se respete sin menoscabar la supervisión constitucional.
Si bien la composición mixta del CNM —con representación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se diseñó para equilibrar la legitimidad democrática con la representación técnica, en la práctica la política partidaria sigue manteniendo un peso excesivo.
La injerencia llega al extremo de que cada presidente, al acercarse al final de su gestión, tiene la oportunidad de convocar al Consejo para colocar en la Suprema Corte de Justicia a jueces con ataduras políticas destinados a proteger reputaciones.
jpm-am
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