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El Poder Ejecutivo promulgó el reformado Código Penal de RD

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SANTO DOMINGO, 28 de julio 2026.- El Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Código Penal mediante el decreto núm. 507-26, oficializando así las modificaciones aprobadas recientemente por el Congreso Nacional.

Como parte de las acciones destinadas a garantizar la socialización y el seguimiento de la nueva legislación, el Gobierno dispuso la creación de una comisión especial encargada de analizar y discutir posibles mejoras al texto legal.

Estará integrada por destacadas personalidades del ámbito jurídico y de la comunicación, entre ellas el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara; Leyda Margarita Piña Medrano; Pedro Balbuena; Ricardo Rojas León; Julio César Castaños Guzmán; Luz Díaz; José Lorenzo Fermín; Eduardo Jorge Prats; Alejandro Moscoso Segarra así como los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la promulgación del nuevo Código Penal representa un avance significativo en la modernización del marco jurídico nacional, al incorporar figuras delictivas acordes con los desafíos y realidades del siglo XXI.

Destacó que la pieza legislativa es el resultado de un proceso de revisión institucional y técnica sustentado en el consenso democrático, orientado a fortalecer la protección de los derechos fundamentales, garantizar el respeto al debido proceso y consolidar instituciones más sólidas y transparentes.

El nuevo Código Penal introduce la tipificación de delitos que no estaban contemplados en la normativa vigente, adecuando la legislación dominicana a las necesidades contemporáneas y a las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas del país.

ALIANZA EVANGÉLICA RECONOCE A LEGISLADORES

Reynaldo Franco Aquino

La Alianza Evangélica Dominicana (AEDO) opinó que el nuevo Código Penal constituye un avance significativo para el fortalecimiento del sistema jurídico y la institucionalidad del país.

La organización expresó su reconocimiento al Congreso Nacional por el trabajo realizado durante el proceso de estudio, discusión y aprobación de la normativa.

Destacó «el esfuerzo de los legisladores de ambas cámaras para alcanzar consensos en torno a una legislación de gran trascendencia nacional».

El presidente de la AEDO, el obispo Reynaldo Franco Aquino, afirmó que, pese a las diferencias de criterios propias de un sistema democrático, el Congreso cumplió con su responsabilidad constitucional al aprobar el nuevo Código Penal.

“Respetuosamente pedimos al excelentísimo señor presidente de la República la promulgación del mismo”, expresó Franco Aquino, al tiempo que subrayó la necesidad de que la legislación entre en vigencia para fortalecer la seguridad jurídica y la administración de justicia.

Defensor del Pueblo favorece promulgación del nuevo Código Penal y propone evaluar su aplicación

El Defensor del Pueblo, en coordinación con la Universidad APEC (UNAPEC), realizó un conversatorio sobre el nuevo Código Penal, en el que abogó por su pronta implementación y destacó que su promulgación no debe interpretarse como el cierre del debate, sino como el inicio de un proceso de evaluación y mejora continua.

Pablo Ulloa sostuvo que la República Dominicana atraviesa un momento que demanda responsabilidad institucional y respeto a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

Cconsideró que la promulgación de la pieza representa la culminación de un amplio proceso democrático.

“Promulgar el Código Penal no significa cerrar el debate, sino trasladarlo responsablemente al terreno de la aplicación práctica, la evaluación y el perfeccionamiento institucional”, afirmó.

Como parte de las propuestas presentadas, la institución planteó al Congreso Nacional la creación de una comisión bicameral especial que supervise la implementación de la normativa y, tras 90 días de vigencia, presente un informe técnico con recomendaciones para eventuales ajustes.

El conversatorio contó con la participación de destacados juristas y representantes del sistema de justicia. Asimismo, el rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, resaltó el compromiso de la academia con el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de espacios de análisis sobre temas de interés nacional.

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